Los seis detenidos el lunes acusados de colgar la ikurriña en el último chupinazo de Iruñea quedaron ayer en libertad tras declarar ante el juez. Para todos ellos se mantiene la imputación por un presunto delito de desórdenes públicos y tendrán que personarse ante el juzgado una vez al mes. Además de los arrestados, fue interrogado en calidad de imputada la concejala de Bildu en Iruñea Patricia Perales, a quien no se ha impuesto ningún tipo de medida cautelar y no se imputa la comisión de ningún delito.

El auto en el que se informa de su liberación centra sus esfuerzos en justificar que el despliegue de la enorme ikurriña constituyera un delito de desórdenes públicos, que parece ser el punto flaco de la acusación. A pesar de ello, se presume que la investigación para descubrir a las personas que se escondían tras esas barbas postizas y gorros de paja resulta un tanto desmesurada.

El texto relata que se han tomado las huellas a las cañas con las que se cruzó el cable de un edificio a otro. También se solicitaron pruebas para geolocalizar los móviles de los detenidos y se ha realizado un análisis de las llamadas que se intercambiaron en los días previos y posteriores a la acción. E incluso, se han tomado muestras genéticas de los aparejos empleados. El auto dice textualmente lo siguiente: «Ha de valorarse en su contra (de los detenidos) su negativa a obtenerse su perfil genético, conocedores, sin duda, de que la Policía Científica ha encontrado ADN de dos varones en los objetos que los autores usaron para llevar a cabo su acción».

Al parecer, la Policía ha ido más allá e incluso ha rastreado videos de cámaras de videovigilancia de la compra de las barbas y las cañas. También se habría rastreado el empleo de tarjetas de crédito para hacerse con todo el instrumental. Semejante instrucción (que se había mantenido bajo secreto de sumario hasta que ayer comenzaron las filtraciones policiales a los medios de comunicación) ha estado acorde con la espectacular redada del martes con seis detenidos pasando un día entero en comisaría por tan solo un presunto delito que no conlleva penas desmesuradas. Tras todas estas pesquisas, el juez considera que la autoría está bien fundamentada. «Los indicios racionales de criminalidad son, en definitiva, prácticamente concluyentes», asevera.

Los detenidos en la operación conjunta de la Unidad de Información de la Policía española y los municipales son Mikel Valdivielso, Josu Gracia, los hermanos Xabi y Eneko Gartzia, Natxo Barriuso e Iñigo Balbás. La posterior citación a declarar de Perales estaría relacionada con varias llamadas que se cruzó con Valdivielso, con quien, por otra parte, estaba realizando unas charlas con motivo de las inundaciones tras el desbordamiento del Arga a su paso por varios barrios de Iruñea. El detenido es vecino de uno de esos barrios, Errotxapea. También hay llamadas con un segundo detenido, Xabi Gartzia, que al igual que las anteriores parecen justificadas, dado que Gartzia era uno de los organizadores de Gora Iruñea, la plataforma por unas fiestas participativas que instaló una carpa en el parque de La Runa durante los sanfermines pasados.

Unos argumentos peculiares

El juez destina la mayoría del escrito a encardinar los hechos en un delito de desórdenes públicos. En realidad, la calificación del delito no procede en esta fase de la instrucción, sino que llega en un momento posterior y de hecho el juez lo reconoce en el propio auto. No obstante, como el delito no está claro, se ha visto en la necesidad de justificar por qué ha encargado a la Policía tal número de pruebas.

Resulta complejo aseverar que la acción entre dentro de este tipo penal. Para ello, el juez especula sosteniendo que se generó un enorme peligro para los presentes. Asegura que, de haberse caído la bandera, «podría haber generado unas escenas de pánico y movimientos en masa de consecuencias inimaginables». Asimismo, sostiene que pudo generarse un tumulto debido a que «es notorio que existen claras discrepancias entre la ciudadanía en relación con la presencia de la ikurriña en el chupinazo».

De todos modos, no basta solo con las hipótesis catastrofistas para justificar el delito. El desorden público (para que no sea considerado una mera falta) requiere asimismo una alteración grave de los acontecimientos. Es ahí donde el juez instructor utiliza unos razonamientos que se salen de lo estrictamete jurídico, como cuando se refiere al chupinazo como «ese acto que todos los pamploneses esperamos ansiosamente desde que, a las 12 de la noche del día 14 de julio, terminan las fiestas de San Fermín y comienza la `cuenta atrás' para las 12 del mediodía del 6 de julio del año siguiente». La argumentación del juez para calificar como un hecho grave lo ocurrido, se sostiene en que los 62 cohetes anteriores se lanzaron con puntualidad.

El cariño que el juez muestra por las fiestas de Iruñea resulta indudable. «Son unas fiestas mundialmente conocidas, expresión cultural de todo un pueblo a la hora de entender el ocio y la diversión, reflejo de la forma de ser de los navarros. No podría entenderse la cultura pamplonesa y navarra sin las fiestas de San Fermín y sin todos y cada uno de sus actos».

Además de todo ello, el magistrado justifica la decisión que tomó el edil Manuel Val (que encendía el cohete ese año en representación del PSN) y el alcalde de la ciudad, Enrique Maya, de retrasar el chupinazo.

Según el juez, no quedaba otra opción que retrasar, para que el proyectil no impactara contra la bandera. Esa imposibilidad, a su entender, «es algo que necesariamente tenían que conocer los detenidos». Pese a todo, el retraso, de tan solo 18 minutos, era una opción entre otras, como el lanzamiento desde otro balcón o redireccionando el cohete. En la práctica, los presentes en la plaza pudieron ver en todo el momento la balconada del Ayuntamiento y la ikurriña, en realidad, lo que obstaculizó fue el tiro de cámara desde el balcón que utiliza TVE.