Lo primero a la hora de hablar de pensiones y del proyecto del PP es señalar que aquellas son muy bajas y, en muchos casos, incluso miserables. Hay 150.000 viudas que perciben pensiones inferiores a los 700 euros al mes y 450.000 pensionistas que viven por debajo del umbral de pobreza establecido para Euskal Herria. La pobreza se extiende cada vez más en este amplísimo sector social que, de forma creciente, tiene que asumir, además, el sostén de esa parte de su familia (hijos, nietas...) que se encuentra en paro o sufriendo las consecuencias (hipotecas, recortes en becas...) de este injusto sistema.

Lo segundo a señalar es que sumando el conjunto de recortes sufridos en las pensiones los dos últimos años (alargamiento de la edad de jubilación y exigencia de mayor número de años de cotización, congelación de su importe en 2011, no actualización en 2012, recortes en la Ley de Trabajadoras del Hogar...), el recorte derivado de la aplicación de todo esto va a suponer una disminución global del 20% al 25% de las pensiones. Sin embargo, no contentos con ello, se prepara ahora un nuevo mazazo a estas que puede suponer para los pensionistas vascos una pérdida de entre 700 y 2.500 euros al año en los próximos cinco años, según crezca el IPC un 1% o un 3% anual.

El Gobierno dice que el sistema de la Seguridad Social es deficitario y que no es mantenible. ¿Cómo no va a serlo, si se cuenta con la mayor tasa de paro existente en Europa, de la que se deriva una gran reducción de ingresos? ¿Cómo no va ser así si existe uno de los regímenes que más desgravaciones y bonificaciones dan a las empresas a la hora de cotizar a la Seguridad Social? ¿Cómo no, si el gasto en pensiones/PIB en el Estado español es un 20% más bajo que el promedio de la eurozona? Evidentemente, la solución a este déficit no es bajar las pensiones, sino incrementar los ingresos (creación de empleo, supresión de bonificaciones, combatir el fraude fiscal y destinar sus ingresos a esto...), pero el PP no quiere ni oír hablar de nada de esto.

El Gobierno ha afirmado que con su proyecto de reforma se «ahorrarán» 33.000 millones de euros en los próximos nueve años. En esas mismas fechas el FROB, organismo oficial destinado a reordenar el sistema bancario, anunciaba que de los 52.000 millones de euros dados a la Banca, 37.000 son irrecuperables. Las cuentas cuadran, el atraco a los pensionistas (33.000 millones) servirá para tapar los estropicios (37.000 millones) de banqueros sin escrúpulos.

Los salarios están bajando sin cesar desde que comenzó la crisis. La tasa de explotación crece gracias a las facilidades dadas a la patronal para el despido, los ERE, los descuelgues... Aumenta también la productividad debido a la flexibilidad (de jornada, salarial, funcional...) que introdujo la Reforma Laboral. Es decir, bajan los salarios, crece la productividad, aumenta la explotación. Consecuencia obligada: los beneficios de la patronal se disparan. La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de señalar que las empresas cotizadas en Bolsa han tenido en el primer semestre de 2013 unos beneficios (14.000 millones) un 300% mayores que los de hace un año.

Las empresas de seguros se preparan para el festín. Ellas son las que están detrás de todo esto. Se trata de reducir el nivel de prestaciones para hacer así que una parte importante de trabajadores -los que puedan hacerlo- suscriban planes privados de pensiones a fin de compensar las miserias que pudieran quedarles con el sistema público. Este es el quid de la cuestión.

El Gobierno del PP es una mera franquicia de la Troika (FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo). Está dispuesto a llevar adelante su proyecto de reforma radical del sistema de pensiones (supresión de la actualización de estas conforme al IPC, debilitamiento general del sistema), pasando por encima, incluso, de la opinión del propio Consejo Económico y Social y de toda la oposición parlamentaria. Es un mero mercenario de Angela Merkel y la Banca.

Pero en Euskal Herria no podemos aceptar nada de esto. El Gobierno del PP que, incluso con el apoyo de UPN, tan solo contaría con un 23% del voto de las últimas elecciones estatales (las encuestas hablan ya de la pérdida de un tercio de sus votos), pretende imponernos una reforma por encima de las muy amplias mayorías políticas, sindicales y sociales de nuestro pueblo. Es por ello que este Gobierno del PP es en Euskal Herria, y mucho más aún en este tema, un gobierno ilegítimo al que no debería aceptársele imposición alguna.

Euskal Herria precisa contar con un marco propio y soberano en materia de seguridad social y pensiones que responda a nuestra propia realidad social y laboral y, sobre todo, tal cual debe ser en democracia, a las mayorías políticas, sociales y sindicales propias de nuestro pueblo. Un sistema que esté asentado en firmes pilares de justicia social, solidaridad y redistribución.

En esta dirección, fue muy positivo comprobar como el PNV votó en el Congreso madrileño una moción de Amaiur reclamando esta necesidad de contar con un marco propio y soberano. Sin embargo, cuando tan solo quince días después EH Bildu propuso en el Parlamento de Gasteiz que el Gobierno autonómico abonara un complemento que ayude a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas derivada de estas reformas, el PNV, de la mano del PSE, rechazó esta propuesta y aprobó otra en la que todo quedaba en exigir que el debate de las pensiones se dé en «las instituciones representativas de la ciudadanía y en el marco del Pacto de Toledo» y en reclamar, de acuerdo con el Estatuto de Gernika, «la gestión de la seguridad social».

Pues bien, «el marco propio y soberano» votado por el PNV en Madrid no es, evidentemente, el marco del «Pacto de Toledo» del Congreso madrileño. Reivindicar tan solo la «gestión» de una seguridad social que está siendo troceada por las reformas reaccionarias del PP es algo que se queda bastante por detrás de las exigencias sociales de hoy en día.

Ante esta nueva agresión, es necesario movilizarse en defensa de un sistema justo de pensiones. Por eso participaremos en las manifestaciones convocadas para el día 19 en las cuatro capitales por diferentes agentes sociales y sindicales.