En un día emblemático por doble motivo -el segundo aniversario de la Declaración de Aiete y el inicio en Madrid de otro macrojuicio político-, la Diputación de Gipuzkoa dio impulso a la expectativa de solución con una jornada técnica destinada a reforzar el concepto de justicia transicional. Con presencia de expertos vascos e internacionales, y ante un auditorio formado por profesionales y que incluía a algunos políticos, abordaron cuestiones como la readecuación de la justicia, las víctimas o la tortura, alcanzando una serie de conclusiones.

La iniciativa se desarrolló en tres ámbitos. En la primera, se estudió la posibilidad de implantar la justicia transicional en Euskal Herria. Una vez llegados a ese punto, se debatieron cuáles serían las claves de las políticas a desarrollar en el ámbito de las víctimas. Se recalcó la necesidad de «moldear» la justicia transicional a la realidad nacional, donde la flexibilidad y la creatividad serían elementos «imprescindibles», así como identificar las singularidades del conflicto en el que se va a implementar.

Cabe destacar que los participantes destacaron que el hecho de que ETA haya abandonado su actividad armada es un elemento que ayuda a implementar la justicia transicional en Euskal Herria, y advirtieron sobre «la no implicación del Estado» en el proceso vasco. Ante ese inmovilismo, y tras estudiar experiencias de otros países, los expertos concluyeron que la justicia transicional, por el momento, no podrá ser implementada en el ámbito nacional. No obstante, resaltaron la importancia de materializar iniciativas a nivel regional o local, «que pueden convertirse en pilares en una situación de paz».

En este sentido, afirmaron que, para superar los conflictos políticos, una de las claves es la atención que se les ofrece a las víctimas, «en la cual debe primar el reconocimiento del sufrimiento padecido». A ello añadieron que las exigencias de saciar las necesidades de las víctimas «no se limitan al pago de las indemnizaciones».

En cuanto al segundo ámbito, centrado en los decretos sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos, reconocieron que las iniciativas que se están desarrollando hoy en día han tenido un impacto «limitado», por lo que reivindicaron una ley vasca «por la paz, la reconciliación y los derechos humanos».

El ámbito de la tortura -se centraron en la parte de la prevención-, fue una de las que más conclusiones aportó. Los participantes definieron esta práctica como «cruel e inadmisible», por lo que destacaron la necesidad de implementar medidas «para que en el futuro se pueda evitar este tipo de práctica». Como ocurre con las víctimas de acciones armadas, aseguraron que también hay que reconocer a las víctimas que han padecido malos tratos, «algo que puede servir para concienciar a la sociedad civil entorno a la vulneración de derechos humanos».

De cara al futuro, y con la vista puesta en la prevención, ensalzaron la urgencia de derogar la situación de incomunicación, ya que este extremo «puede facilitar la práctica de la tortura». En este sentido, propusieron la elaboración de una ley propia para la prevención de la misma.

Receptividad

Al evento acudieron representantes políticos como Jonan Fernández (Lakua), Joxean Agirre (Sortu) y Markel Olano (PNV), además de juristas, académicos de distintas especialidades... En la inauguración, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, evocó dos episodios cercanos en el espacio y el tiempo: que Joxean Lasa y Joxi Zabala eran torturados hace 30 años en el vecino Palacio de La Cumbre y que ayer mismo arrancaba en Madrid el juicio contra Batasuna. «Hechos que reflejan qué sed de justicia y paz existe en este país», concluyó.

La coordinación del evento corrió a cargo de Jon Mirena Landa, exresponsable de Derechos Humanos de Lakua, por encargo de la Diputación de Gipuzkoa. Destacó el interés apreciado (esperaban 40 especialistas asistentes y fueron más de 80).