En febrero de 2006 el Tribunal Supremo español dictó una sentencia reinterpretando el artículo del Código Penal que establecía la forma de cumplimiento de las penas en caso de condenas múltiples, para impedir la salida de muchos presos de ETA que iban a cumplir sus penas. Durante casi un siglo se había entendido y aplicado que la redención de penas por el trabajo se debía realizar deduciendo lo redimido del límite máximo de cumplimiento, entonces de 30 años. A partir de esa fecha el alto tribunal decidió que las redenciones ya no se reducirían del máximo de cumplimiento total, sino pena por pena sucesivamente, de tal manera que, en la práctica, no servían para nada y se obligaba a los penados a cumplir el límite máximo de cada momento. Desde entonces, cientos de vascos llevan cumpliendo años extras de prisión en las más duras condiciones, por el morro y a pulso, que se diría en el argot taleguero.

Los años han pasado y ha llegado el momento en que la Gran Sala del Tribunal Europeo va a resolver el recurso interpuesto por España contra la sentencia que dio la razón en primera instancia a Inés Del Río, por la fullera prolongación de las penas. Los rumores dicen que la sentencia, que se va a hacer publica el próximo lunes a las 11.30, desestimará el recurso y declarará contraria a derecho la doctrina 197/2006. Ojala sea así, pero hemos de ser cautos, porque España ha movilizado todos sus medios para tratar de influir en la decisión del Tribunal y hasta el habitualmente mudo Rajoy ha salido a la palestra para defender las excelencias de la doctrina de la venganza, que ha calificado de justa y necesaria. Como en misa.

Por si todo esto fuera poco desde el Gobierno suenan voces que anuncian que se utilizará la ingeniera jurídica necesaria para que en el supuesto de que la sentencia les sea desfavorable cumplirla a conveniencia, en diferido, que diría Cospedal. O sea, que harán todo lo posible para no cumplirla.

Y el facherío, con sus múltiples caretas de asociaciones de victimas rivales entre sí por el tema de las subvenciones, ha empezado, cautelarmente, a armar la marimorena. Dicen que si Estrasburgo se pronuncia contra el recurso interpuesto por España se verán obligados a tomarse la justicia por su mano, afirmación que, sin duda, les retrata. Porque el derecho se lo pasan por el arco del triunfo. En realidad ansían la pena de muerte, la ley del Talión. Apelan ahora a la alarma social que se generaría por la excarcelación masiva de presos, argumento mendaz donde los haya, pues esa excarcelación masiva sería la consecuencia, en relación de causa a efecto, de la ilegalidad cometida durante años, al haber impedido ilegalmente la salida escalonada cuando se cumplieron las respectivas condenas.

Los causantes del atropello se quejan ahora de las consecuencias derivadas de la atrocidad cometida: mantener en la cárcel a centenares de personas sin cobertura legal de ningún tipo. Es decir, secuestradas.