La imagen de las largas hileras de militantes abertzales sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional y las filas de sillas que se extendían más allá de donde llegaba la cámara que sirve imágenes a la sala de prensa fue ayer la grotesca representación de la receta que mantiene el Estado hacia Euskal Herria. El retrato, la desoladora foto fija, se daba precisamente el día en el que se cumplen dos años de la histórica declaración de Aiete. Y casi de forma simultánea a una declaración de líderes latinoamericanos que defienden una resolución política al conflicto vasco. En Euskal Herria y en otros lugares del mundo, mensajes razonables y esperanzadores. En Madrid, la receta siempre, basada en los herederos del Tribunal de Orden Público, a la que se añade un escandaloso silencio administrativo que va desde el Gobierno español hasta sus principales partidos. Simplemente el hecho de que tantos representantes políticos estén sentados ante un juez acusados únicamente de realizar su actividad (18 de 36 han ejercido cargos públicos) constituye una anomalía que debería de alarmar a toda sociedad saludable. Todavía más, en un contexto como el actual. Sin embargo, en el páramo de San Fernando de Henares, en aquel apartado lugar donde la democracia se perdió por el camino, parece que el tiempo se hubiese paralizado. No obstante, avanza. Para la ciudadanía vasca y también para los españoles. Aunque se metan bajo la alfombra, los macrojuicios existen y, mientras se desarrollen, seguirán como vergüenzas de un Estado inmóvil.