«Aquí hay dos Askabides: una herriko taberna y nosotros». Así resumió ayer el abogado Javier Beramendi la situación que ha padecido durante once años la asociación Askabide-Liberación, una agrupación de Bilbo que trabaja por los derechos de las personas que ejercen la prostitución y que ha tenido que llegar hasta la sala de vistas para confirmar al tribunal lo que sus representantes venían intentando hacer desde 2002: advertir de que la Audiencia Nacional les había incluido en el proceso por error, ya que comparte nombre con un local de Zorroza. Como era de esperar, el juez Hurtado aceptó la petición de dejarles fuera del proceso con el aval de Fiscalía y acusaciones particulares. Lo sorprendente es que no haya sido hasta el primer día del macrosumario cuando fueron escuchados.

«Es algo inexplicable a la vez que absurdo», explicó ayer a GARA Miriam Santorcuato, presidenta de Askabide y que tuvo que desplazarse hasta Madrid como una más de los 110 representantes legales de las herriko tabernak. «Tenemos conocimiento de esta situación desde 2002», indicó. «Supimos que había una confusión, por lo que pusimos el asunto en manos de un abogado, que remitió la documentación a Madrid». No hubo respuesta. Así que los trámites judiciales siguieron su curso. Según relata, hace dos años, cuando ya estaban citados formalmente y ante la falta de interlocutor en la audiencia, volvieron a enviar sus papeles. Esta vez, con certificados del Gobierno de Lakua, de la Iglesia y avales de diferentes representantes sociales. Tampoco hubo acuse de recibo. Hasta ayer. «Ha habido un perjuicio económico clarísimo», lamentaba la presidenta de esta asociación, fundada a principios de los 80 en Bilbo y con una amplia trayectoria.

Su labor, como explicó la propia Santorcuato, es la «atención a las demandas y necesidades» de personas que ejercen la prostitución tanto en la calle Cortes de Bilbo como en clubs y pisos de Bizkaia. Además, llevan programas de acompañamiento cuando estas personas deciden abandonar la prostitución e incluso servicios residenciales. «Solo esperamos seguir desarrollando nuestro trabajo», señaló. Su caso es significativo de una instrucción que ha sido muy cuestionada también en ámbitos jurídicos.