La concejal de Bildu Patricia Perales accedió ayer por propia voluntad a aclarar que no tuvo nada que ver con las personas que colgaron una ikurriña en la plaza del Ayuntamiento los pasados sanfermines. «Como todos ustedes saben, yo no participé», aseguró Perales. Esta edil replicó exigiendo a los miembros de UPN que «pidan perdón» por haberla «señalado, acusado y condenado».

Las respuestas de Perales dejaron insatisfecho a UPN, que había pedido esta aclaración en una moción en la que se buscaba criminalizar a Bildu y a Perales por lo ocurrido, con apostillas como una petición de rechazo a quienes «amparan o apoyan el incumplimiento de las normas y la imposición de su proyecto político, haciendo un uso excluyente de las calles y fiestas de Pamplona». A pesar de estas acusaciones, Bildu decidió votar a favor de la urgencia para que la moción fuera tratada en ese mismo pleno y así Perales pudiera defenderse de las acusaciones lanzadas por UPN.

Una de las declaraciones más sonadas fue la realizada por el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, cuando aseguró que «quien la hace la paga». Perales dio la vuelta a esa frase diciendo que lo que pretende UPN es que ella «la pague, pero sin hacerla».

Todos los partidos se dieron por satisfechos con las declaraciones de Perales en las que defendió su inocencia, aunque sin renunciar a defender la acción en sí como un acto «imaginativo, desobediente y pacífico contra la persecución de un símbolo», llegando a decir que los activistas «merecen nuestro aplauso». De hecho, aseguró también que «ninguna ley impedirá que la ikurriña esté presente en el chupinazo». Estas afirmaciones no gustaron a UPN, que mandó una nota de prensa después del debate para intentar, de nuevo, desacreditar a la concejal.

«La intervención de Perales y su defensa de lo sucedido el 6 de julio demuestran que nada ha cambiado y que Bildu sigue la estrategia de discurso que ha mantenido Batasuna durante décadas», valoran en su escrito.

En realidad, la posición de UPN es un poco más compleja. Además de intentar sacar rédito político a la citación de Perales, que salió de la declaración sin que el juez le imputara un solo delito, es parte en el caso, dado que decidió hacer que el Ayuntamiento ejerciera la acusación particular. Es decir, cuando pedía las explicaciones a Perales conocía tanto o más de la causa que la concejala. Por tanto, todo fue una puesta en escena. Aun a sabiendas de que, lo que UPN buscaba un interrogatorio extrajudicial, Bildu accedió a dar explicaciones.

Ningún partido siguió el juego a UPN, que después se lamentaba en su nota de que «los demás grupos nacionalistas han desviado el debate hacia la Ley de Símbolos para no opinar sobre el hecho de que una concejal de este Ayuntamiento pudiera estar al tanto de lo ocurrid o haya sido imputada en una causa abierta».

Perales fue llamada a declarar en calidad de imputada, pero es que solo se puede declarar ante un juez como imputado (con asistencia de abogado) o como testigo (sin abogado). Eso no quiere decir que se le impute un delito. Normalmente se dan las dos circunstancias, pero en este caso no. Por ejemplo, cuando Enrique Maya fue encausado por la Permanente de la CAN sí que se le cogió testimonio como imputado (con abogado) y se le imputaba un delito, que era el de cohecho pasivo impropio.