La Audiencia Nacional española aceptó ayer decretar la «prescripción» para dos de los 36 encausados, Josu Iraeta y José Antonio Egido, que a partir de ese momento quedaron fuera del procedimiento. La Sala -compuesta por Ángel Hurtado, Julio de Diego y Clara Bayarri- estimó así las solicitudes de los abogados defensores, Iñigo Iruin y Gonzalo Boyé, que en la jornada de cuestiones previas con la que se abrió el jueves el procedimiento habían reclamado que se apartara a sus dos representados por haber transcurrido más de diez años desde que abandonaron la Mesa Nacional de HB hasta que fueron citados por Baltasar Garzón. Tal y como indicó en aquel momento Iruin, incluso adoptando la tesis más favorable para la teoría de la Fiscalía, ambos habrían abandonado su actividad política en la Mesa Nacional de HB en 1992, transcurriendo una década hasta que el tribunal especial comenzó la instrucción.

Esta decisión llega con el aval del Ministerio Público y la oposición de la AVT y Dignidad y Justicia, que ejercen como acusación popular y que argumentaron que esta petición ya fue desestimada en 2011.

«El juicio está finalizado para ellos», sentenció el juez Hurtado, permitiendo a Iraeta y Egido sentarse entre el público.

Ya son seis los acusados que han quedado fuera del macroprocedimiento, que ha tardado once años en llegar a la vista oral, por lo que las imputaciones contra ambos se basaban en cuestiones relacionadas con su actividad política de hace dos décadas. Previamente, la Audiencia había excluido a Arnaldo Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia e Imanol Kortazar, aceptando la teoría de la «cosa juzgada», ya que todos ellos han sido condenados en otros procedimientos, como el «caso Bateragune» o el 18/98.

Al margen de estas cuestiones, la sesión de ayer vino marcada por los interrogatorios relacionados con la actividad de las empresas que la acusación trata de vincular con la financiación de ETA. Al igual que ocurrió el viernes, la decena de acusados que tomó la palabra solo respondió a sus abogados y negó ser miembro de la organización armada o haber recibido instrucciones de esta.

Entre los declarantes estaban Enrike Alaña, que ejerció como abogado de Banaka y rechazó haber ejercido labores de «control», negando la existencia de la denominada «comisión de herrikos». Explicó que, como empleado de una asesoría, sí que recibió consultas acerca de cuestiones puntuales.

Empresas y actividad política

Otro de los acusados que tomó la palabra fue el propietario de Banaka, José Luis Franco, que recordó la amplia actividad de asesoramiento de su compañía. Según explicó, ni todas las herriko tabernak trabajaban con su empresa ni Herri Batasuna fue un cliente preferente. También declaró Jon Betanzos, que tuvo que explicar que entre las acusaciones contra él se mencionan unas obras que habría ordenado y que, como relató, se correspondían con una reforma en su domicilio.

En la jornada de ayer también desfilaron ante el tribunal personas que trabajaron en HB, EH o Batasuna. Entre ellos, Patxi Abengoa, que negó coordinar las herriko tabernak en Bizkaia, o Jaione Intxaurraga, que trabajó en el grupo parlamentario de EH en Nafarroa.

La vista se reanuda hoy, a las 11.15, con la declaración de Adolfo Araiz, si bien está condicionada por la reunión del Pleno de la AN sobre la sentencia de Estrasburgo en el caso de Inés del Río.