Las centrales proponen que la negociación comience «sin ningún planteamiento de recortes» y con «la garantía de aplicación en cada uno de los centros» frente a la reforma laboral.

Los convocantes lamentan que las patronales de la Enseñanza concertada, tras la convocatoria de huelga del pasado 26 de setiembre, «apenas han cambiado su posición» y, a pesar de mostrar la intención de pagar parte de la deuda acumulada en 2013 «como consecuencia de los recortes que vienen imponiendo desde 2012, no han mostrado ninguna intención de retomar la negociación del convenio».

Las centrales creen que, con independencia del recorrido judicial que pueda tener el conflicto colectivo interpuesto contra los recortes en sus nóminas, es «sumamente grave» que las patronales quieran seguir imponiendo recortes, hayan roto la mesa de negociación del convenio y no tengan ninguna intención de retomarla con el fin de negociar un nuevo convenio».

Comparecencia en Gasteiz

Por otra parte, los sindicatos con representación en este sector comparecieron ayer en el Parlamento de Gasteiz, donde instaron a «buscar una solución a la situación que afecta a la mitad del sistema educativo de este colectivo». Denunciaron «la grave situación que están sufriendo en estos últimos años los servicios públicos en general y de forma especial en Educación» y criticaron «los recortes aprobados por el Gobierno vasco en los módulos acordados en la Educación concertada y que las patronales han trasladado a los trabajadores empeorando las condiciones laborales».

Asimismo, las centrales insistieron en que el Ejecutivo de Gasteiz «tiene responsabilidad directa en este conflicto, iniciado en mayo de 2010 cuando decidió imponer recortes y las patronales trasladarlos a los trabajadores», por lo que «no puede mostrarse solamente como observador y o intermediario en una situación que afecta a la mitad del sistema educativo» en la CAV.

Entretanto, la patronal de centros religiosos Kristau Eskola insiste en que la solución al conflicto generado en los centros concertados que agrupa pasa por la aportación de 12 millones más anuales del Gobierno de Lakua a la red concertada o por la aceptación por parte de los sindicatos de los recortes que proponen. En cualquier caso, mantienen su rechazo absoluto a subir las cuotas a las familias.