Lágrimas, dolor que sale de las entrañas y la imposibilidad de relatar exhaustivamente lo sufrido fue lo que mostramos la pasada semana en la Audiencia Nacional española cuando llegó la hora de relatar las torturas a las que nos sometió la Policía española y la Guardia Civil. Nuestra palabra no será la única prueba de esa denuncia, ya que presentaremos informes periciales basados en el Protocolo de Estambul de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Además, es evidente que si no existiese tal práctica no nos autoinculparíamos, ni delataríamos a nuestras propias compañeras. 30 del total de las detenidas en noviembre de 2009 fuimos torturadas.

Mañana jueves declararán en el tribunal de excepción español aquellos que nos torturaron. Nos parece una barbaridad que cuando todavía no se han esclarecido las denuncias de torturas se pueda dar voz a aquellos que nos torturaron. Pero es aún más bárbaro que en la España que no cumple con las exigencias internacionales en materia de torturas y malos tratos se dé voz a los torturadores. Es inadmisible que mientras sigue el manto de impunidad que protege a la tortura, aquellos que llevan a último término esta práctica inhumana puedan declarar en nombre del Estado de Derecho. No lo podemos admitir.

Para esclarecer los casos de tortura de hace 40 años ha hecho falta que un tribunal argentino se encargue de la tarea, y medios españoles se escandalizan, ahora, por ello. Pero al mismo tiempo, cuando damos cuenta de nuestro testimonio, miran a otro lado y lo obvian.... ¿Debemos esperar otros 40 años para que se investigue, se analice y se castigue la verdad de las miles de personas que hemos sido torturadas en las últimas décadas?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado esta semana que la doctrina 197/2006 no se ajusta a la legalidad internacional y ha condenado por ello al Estado español. Ese mismo tribunal ha sentenciado que España no investiga las denuncias de torturas. España no cumple con los estándares internacionales para evitar la tortura y los malos tratos, no investiga los casos de tortura, en los casos que lo investiga archiva la mayoría de ellos, y en caso que existan condenas el indulto llega de inmediato de mano del Gobierno de turno. Esa es la cadena de la impu- nidad de la tortura: incomunicación para permitir la tortura policial, falta de investigación o investigaciones baldías para que no exista condena judicial, e indultos gubernamentales para evitar que los torturadores cumplan la condena en aquellos casos que existe sentencia judicial.

Esa cadena de protección de la tortura nos muestra que quienes nos torturaron no son el gordo con gomina en el pelo, aquel de 1,80 con piel oscura o el joven con rastas que declararán a partir del lunes... Quien nos torturó fue el Estado, y es por ello que han construido esa cadena de la impunidad, porque la tortura es decisión de Estado, y acabar con ella también lo será.

No podemos tolerar la impunidad de la tortura en un juicio donde pretenden imponernos 6 años de prisión por nuestra militancia política, y aún menos en octubre de 2013. Nosotras, las torturadas, ¿debemos escuchar a quienes nos torturaron? Nosotras, las torturadas, ¿debemos admitir la pasividad de un tribunal que protege la impunidad de los torturadores?

Aunque hemos sufrido la violencia estatal en nuestras propias carnes, trabajamos duro por el nuevo ciclo abierto en nuestro país por la solución, damos, y daremos, los pasos necesarios por una solución justa en la que todas ganamos, pero mientras se conoce todo sobre algunas violencias, otras son ocultadas por los aparatos del Estado y sus esbirros.

Deben investigar todos y cada uno de los casos de tortura, España debe cumplir las directrices internacionales para evitar la tortura... y mientras eso no sea así, no toleraremos las acusaciones en sede judicial de aquellos que nos torturaron. Esa será nuestra posición el próximo jueves.