El que fuera administrador único de la empresa automovilística Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, achacó la quiebra de esta empresa en 2011 a la crisis económica, a la falta de inversores privados y al cambio de siglas en el Gobierno de Gasteiz, ya que el PSE dejó de verlo como un «proyecto de país». «Nos cayó la tormenta perfecta», señaló ayer Villadelprat en la vista celebrada en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gasteiz.

El Juzgado tendrá que determinar si la declaración de quiebra de esta compañía puede calificarse de «culpable» tal y como defienden la Administración Concursal, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, y como pidió también el anterior Gobierno dirigido por Patxi López.

El proyecto Epsilon Euskadi, creado para impulsar un proyecto de automovilismo de competición recibió unos 50 millones de euros en ayudas públicas que provinieron de diversas instituciones incluido el Gobierno autonómico, pero en febrero de 2011 se solicitó el preconcurso y en julio de ese año la declaración de concurso de acreedores al no poder afrontar los créditos contraídos con Caja Vital y Kutxa.

De esa deuda, que tras una rebaja acordada con Kutxabank asciende a 16,3 millones de euros, se ha tenido que hacer cargo el Parque Tecnológico alavés, del que son socios el Ejecutivo de Gasteiz, a través de la Spri, la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz.

El abogado de la Administración Concursal mantuvo durante la vista que la solicitud del concurso fue «tardía» porque ya en el ejercicio 2009 la compañía declaró pérdidas por un total de 1,3 millones de euros y también que las medidas adoptadas por Joan Villadelprat no fueron correctas. Censuró que Villadelprat «agravó» el estado de insolvencia porque aunque era consciente en abril de 2011 de la situación de la empresa, vendió la rama de competición automovilística, que suponía «más del 80 por ciento de sus ingresos vía esponsorización», lo que generó una desvalorización de la mercantil cifrada en 899.263 euros.

Esta venta de la sección deportiva a Epic Rácing está siendo investigada por la vía penal en otro juzgado de Gasteiz, ya que según la Fiscalía se llevó a cabo por un precio «notoriamente inferior al valor real» y podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes.

En la vista celebrada ayer por la mañana también declaró el que fuera director gerente del parque tecnológico, Manuel Nogales, quien aseguró que el consejo de administración «nunca» avaló la venta de la rama de competición.