TRAS LA ANULACIÓN DE LA DOCTRINA 197/2006
Continúan los llamamientos a que Madrid adecúe su política carcelaria
Durante la jornada de ayer continuaron escuchándose voces institucionales que demandan del Gobierno español que adecúe su política penitenciaria no solo a la sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo, sino a los nuevos tiempos que se viven en Euskal Herria. En este sentido se manifestó, por ejemplo, la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejería, desde la reunión anual del CALRE en Bruselas. La Diputación de Gipuzkoa pidió la excarcelación de los presos afectados.
GARA | GASTEIZ
La presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejeria, mostró ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró «justa» y que «pone de manifiesto la legislación irregular» del Gobierno español.
Tejeria hizo estas declaraciones durante su asistencia a la reunión anual de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (CALRE), que este año ha tenido lugar en Bruselas. La CALRE engloba 74 parlamentos regionales de ocho estados de la Unión Europea, que representan a un total de 200 millones de europeos.
La presidenta de la Cámara de Gasteiz afirmó, según informó Efe, que «la vulneración de unos Derechos Humanos no conlleva la vulneración de otros». También reclamó «flexibilidad» en la política penitenciaria española, ya que Tejeria considera que «hay que ajustarse al proceso de paz» iniciado tras la renuncia definitiva de ETA a la lucha armada en octubre de 2011.
Gipuzkoa pide excarcelaciones
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, confió ayer en que sentencia sea de aplicación para «todos los presos que están en situación análoga a Inés del Río» y que «no deberían permanecer en prisión ni un minuto más».
En la rueda de prensa semanal para dar cuenta de las últimas decisiones del Consejo de Gobierno foral, Ugarte explicó que para la Diputación guipuzcoana la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo deja «claro» que el Estado español «conculca los derechos humanos».
En opinión de la institución foral regida por Bildu, «las personas que están en las prisiones del Estado español han visto pisoteados sus derechos».
Además, Larraitz Ugarte mostró su «satisfacción» ante esta sentencia, que evidencia que «no puede castigarse de manera suplementaria y con efecto retroactivo a nadie». A su juicio, una vez que el fallo del Tribunal Europeo «tumba» ese principio, el Estado español «tiene una nueva oportunidad para modificar su política penitenciaria y dar un impulso con una visión de Estado» para allanar camino al proceso de paz.
Amaiur, respeto a las víctimas
El portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, indicó ayer que la sentencia debe valorarse «en clave positiva» y en ese sentido se muestra convencido de que es «una aportación para avanzar en la construcción de la paz». Además, mostró su «máximo respeto y comprensión» a las víctimas de ETA, muchas de las cuales se declaran muy afectadas por la decisión.
En todo caso, Xabier Mikel Errekondo insistió en que la sentencia ha de ser respetada por todas las fuerzas políticas e instituciones, y el Gobierno no debe «poner trabas« a su aplicación, ni dificultar la excarcelación de los presos afectados.
El portavoz de Amaiur aprovechó sus declaraciones en el Congreso para pedir al Ejecutivo español «una profunda reflexión» sobre la política penitenciaria y que empiece a cambiar las medidas «de excepción». «Eso irá en beneficio de todos», concluyó Errekondo.
Por otra parte, el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, insistió en las valoraciones realizadas tras conocerse el fallo y añadió que la decisión de Estrasburgo no es «tan solo una sentencia», sino que resulta «inapelable» y, «guste o no guste», marca «un antes y un después en algunos aspectos de la política penitenciaria» del Estado. «La actual legislación da margen suficiente para hacer otra política penitenciaria», destacó el también consejero de Justicia.
Rajoy calla
El presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, abandonó ayer Congreso de los Diputados sin querer valorar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los periodistas intentaron hasta en cinco ocasiones que se pronunciara sobre el tema, sin conseguirlo en ningún momento.
Según algunas fuentes, en uno de esos requerimientos el presidente del Ejecutivo se limitó a hacer un comentario sobre lo mucho que ayer estaba lloviendo en Madrid.
La Asamblea de Madrid no consiguió ayer acordar una declaración institucional contra la sentencia que el PP pretendía declarar como «la peor noticia que ha podido recibir la sociedad». No logró el apoyo del grupo parlamentario de IU.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado para el domingo una concentración en la madrileña Plaza de Colón para protestar por la derogación de la llamada «doctrina Parot» y la puesta en libertad de Inés del Río y Antton Troitiño, decisiones en las que ven una estrategia pactada y acordada por jueces y políticos. Los dirigentes de la asociación, que la víspera parecían haber salido algo reconfortados de la reunión que mantuvieron con los ministros de Justicia e Interior, retomaron la vía de la crítica y la movilización tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional de acatar de inmediato la resolución de la Corte de Estrasburgo.
«Ya se agotó la paciencia», declaró a Europa Press Ángeles Pedraza después de que la Audiencia Nacional ordenara por unanimidad la excarcelación de Inés del Río, menos de doce horas después de la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Una decisión que la presidenta de la AVT calificó de «inmoral». Además, apuntó que Del Río saldría de la cárcel «por la puerta grande, escoltada y con una alfombra roja».
Ya por la tarde, cuando se conoció también la decisión del tribunal de Londres de poner en libertad condicional a Antton Troitiño, la presidenta de la AVT elevó aún más el tono y entrevistada por Efe aseguró que ambas excarcelaciones estaban «pactadas» con anterioridad. Según Ángeles Pedraza, la puesta en libertad de laas dos personas «no es fruto de la casualidad» sino que responde a una estrategia acordada «mucho tiempo antes» por jueces y políticos.
«Es imposible que ocurra todo el mismo día y justo después de la sentencia de Estrasburgo», afirmó la presidenta de la AVT en relación con la excarcelación de Inés del Río el mismo día que el Tribunal Superior de Londres decretó la libertad condicional de Troitiño.
La concentración tendrá lugar el domingo a las 12.30 en la céntrica y emblemática plaza madrileña. La plataforma Voces contra el Terrorismo, de José Alcaraz, ha desconvocado la movilización ciudadana que había organizado para el día 9 de noviembre en defensa de la doctrina anulada por Europa y ha decidido sumarse a la concentración convocada por la AVT. También las asociaciones Dignidad y Justicia y Danaes (en la que hay cargos del PP) hacen un llamamiento a acudir a Colón.
La Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ve la sentencia como «una herencia indeseable» de la «negociación política» con ETA puesta en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
