El representante de Salhaketa César Manzanos reclamó ayer la implicación de la clase política vasca en la mejora de las condiciones de vida de las personas encarceladas en los centros penitenciarios de la CAV y recordó que, pese a no contar con todas las competencias, las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pueden trabajar para mejorar la situación de los presos y de las presas sociales.

Manzanos compareció junto a la responsable de Acción Social de Salhaketa, Marta Aldanondo, ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento de Gasteiz. Solicitó la puesta en marcha de programas sanitarios y educativos para las personas que se encuentran privadas de libertad. Según explicó, pese a que instituciones penitenciarias siguen bajo control de Madrid, Lakua cuenta con ciertas competencias y puede impulsar medidas en esas áreas.

A este respecto, criticó que, mientras que Seguridad ha destinado a 200 agentes de la Ertzaintza a labores vinculados con la vigilancia de los presos, Osakidetza no ha destinado más recursos a mejorar las enfermerías de las prisiones, donde el 80% de la población presenta algún tipo de patología.

Manzanos recordó los problemas advertidos por Salhaketa en los penales y criticó la construcción de macrocárceles como la de Zubieta.

Por otro lado, ayer esta misma asociación denunció que un vecino de Sestao, de 42 años, ha iniciado una huelga de hambre en la cárcel de Logroño para denunciar que lleva más de un año en prisión preventiva.