El PSN apoyará la ley para evitar el PSIS de Donapea con algún cambio técnico
El proyecto de ley que impulsó la oposición para impedir la venta de Donapea al Opus Dei a través de una nueva normativa para ejecutar los PSIS se vota mañana. El PSN había mantenido discrepancias con el texto, pero se disiparían si se introducen tres matices técnicos.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
El intento de paralización por vía parlamentaria de la venta del centro de FP y sus terrenos al Opus Dei avanzó ayer tras conocerse cuál será la postura del PSN, cuyos votos serán necesarios para la paralización del PSIS que el Gobierno ya ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra. El PSN ha registrado tres enmiendas al texto que impulsa la oposición para modificar parte del articulado, pero estas modificaciones son fundamentalmente técnicas. Por ello, se intuye que, finalmente, su posición será la de aprobar la nueva normativa y parar el proyecto.
Básicamente, lo que está intentando la oposición es modificar cuáles son los requisitos que debe cumplir un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para poder llevarse a la práctica. Los PSIS son un instrumento del Gobierno que le permite invadir competencias municipales con objeto de impulsar proyectos que se entiende que, aunque generen rechazo vecinal, benefician a toda la comunidad.
En el caso de Donapea, el Gobierno inició el PSIS para recalificar los terrenos en los que está interesado el Opus Dei porque el pleno de Iruñea se negaba a hacer esta modificación. Este PSIS está ahora en fase de alegaciones y, por tanto, aún no es firme. Una de las modificaciones del PSN a la propuesta de ley incide en esta cuestión. Se trata de un inciso a la disposición transitoria para enfatizar que la nueva ley afectará a los PSIS «en fase de tramitación».
El PSN también propone modificar la exposición de motivos y otra más en el artículo único del texto, en el que se imposibilita la ejecución de un PSIS cuando la tramitación del mismo se ha iniciado en el pleno de un Ayuntamiento.
Más allá del contenido exacto de las modificaciones, lo que se deduce de estos cambios es que el PSN votará que sí a la nueva ley si se aceptan sus matices. Con el apoyo de esta formación, se está más cerca de dar al traste con la operación, que el Gobierno justifica alegando que es necesaria para la implantación de tres nuevos centros de investigación en los que la Universidad de Navarra (misión apostólica del Opus Dei) quiere invertir 200 millones de euros durante los próximos diez años.
Por contra, las fuerzas de izquierdas sostienen que la Universidad tiene espacio suficiente en los terrenos que le cedió el Ayuntamiento (le restan aún 400.000 metros cuadrados de terreno edificable que le fue cedido gratuitamente) como para erigir allá esos centros.
La pelea ha trascendido al enfrentamiento político que tienen UPN y PSN, que en un principio apoyaba la venta de Donapea. Tras la ruptura del gobierno de coalición el PSN viró su postura y dejó solo a UPN. Aun así, siempre ha mantenido distancia con el resto de partidos que se oponen al proyecto, viendo viable el traslado del centro público con una serie de condiciones (prefiere un traslado a Soto de Lezkairu y que la operación no sea tan gravosa para las arcas públicas). El pulso se mantiene a ver quién cede.
El PSN emplazó al Gobierno a retirar hoy mismo el PSIS e iniciar de nuevo las negociaciones. Se espera una respuesta en la comparecencia pública del Gobierno de este mediodía.
UPN quiere saber en qué condiciones desea el PSN iniciar un diálogo para reimpulsar el proyecto. Sin embargo, exige que sea Roberto Jiménez quien dé su brazo a torcer antes de que se reanuden las conversaciones.
Al proyecto de Donapea se opone todo el claustro del centro público de FP, que denuncian que van a un espacio más pequeño donde habrá 600 alumnos más. Consideran que el traslado, que supondrá un desembolso de 16 millones, resulta innecesario.
La plataforma Hiru Mugak Batera denunció ayer que el PSIS de Donapea no es el único cuestionable y que el proyecto del Gobierno navarro para saltarse la voluntad expresada por los pueblos de Sakana y crear una incineradora de residuos en Olazti también es «fraudulento». Este colectivo denuncia que el proyecto no responde a «los intereses generales de la Comunidad Foral», sino a los intereses «puramente mercantiles» de la empresa Portland, que quiere abaratar los costes de su cementera quemando basuras, pese a que no se cumple con la distancia mínima requerida con la población más cercana a las instalaciones.
«Que nos diga el Gobierno de Nafarroa donde está el interés general en los costes añadidos para todos los ciudadanos y tratamientos. Que nos diga cuántos puestos de trabajo valen la vida de una hija», reta la plataforma.
La nota manifiesta su acuerdo con el intento de paralizar el PSIS que tiene como objeto la venta de un centro público de Formación Profesional al Opus Dei. Sin embargo, el colectivo manifiesta que «no podemos sino apelar al principio de igualdad para reivindicar que no se condene a las zonas afectadas por el PSIS de Portland aprobado a principios de año» y que «atenta contra la legalidad». A.I.
