Los trabajadores y trabajadoras de Incoesa temen que «la deslocalización de la planta de Bedia pueda haber sido financiada con el dinero de las ayudas del Gobierno Vasco».

En una nota, recuerdan que el viernes pasado Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, reconoció en sede parlamentaria, ante la pregunta de la parlamentaria de EH Bildu, Belén Arrondo, que el Gobierno de Gasteiz habría otorgado ayudas entre los años 2007 y 2012 por una cantidad próxima a los 2 millones al grupo empresarial Incoesa.

A juicio de los trabajadores estas ayudas «pudieron haber servido para financiar la deslocalización». Por lo que pidieron que impidan su marcha de Bedia y no descartan solicitar entrevistas con el Gobierno y la Diputación para aclararlo.