Se cumplen hoy dos años desde que los rebeldes anunciaron la «liberación» de Libia y el final de más de 40 años de liderazgo de Muamar Gadafi, quien era torturado y linchado públicamente hasta la muerte tres días antes tras ser capturado en plena campaña de bombardeos de la OTAN en Sirte.

A día de hoy, Libia se asoma ya al riesgo de una guerra civil entre las milicias armadas, verdadero poder, y las incipientes estructuras estatales.

Cuna de la revuelta, la ciudad oriental de Bengasi es escenario de una guerra cada vez más abierta entre milicias, de un lado, y Ejército y Policía, de otro.

Al degollamiento de dos soldados y la muerte en atentado del comandante de la Policía militar libia, Ahmed al-Barghatti, ambos la semana pasada, el Gobierno central respondió con sendos ataques a las viviendas de dos comandantes de la milicia. Estos han prometido represalias y la tensión crece.

A ello se suma el anuncio de la constitución inminente de un parlamento propio en Bengasi a iniciativa del movimiento federalista de la región de Cirenaica, que alberga la mayor parte del rico petróleo del país.

En Cirenaica mandan las milicias de corte islamista aunque no faltan grupos que se adhieren al salafismo y al yihadismo.

Pero en el resto del país priman las milicias autónomas, adscritas a su región concreta o incluso a su tribu, como el escaso de la ciudad de Misrata, que se ha convertido en un Estado dentro del Estado fallido. O el de los Zintanes, milicias formadas por tribus beduinas árabes que vivían junto, o contra, la población bereber de las montañas al oeste de Trípoli.

La lealtad no se compra

La mayor parte de estos grupos están formalmente adscritos al Ministerio de Interior o de Defensa pero no obedecen más que a sus líderes y a sus intereses y son acusados de violaciones de los derechos humanos tanto en las cárceles -bajo su control- como en las ciudades libias, donde impera su ley.

El Gobierno de transición, dirigido por políticos liberales avalados por Occidente, trató de comprar su lealtad con millones de dólares a las milicias, lo que ha abierto la puerta a derivas mafiosas. Una vez cerrado el grifo de las «subvenciones», muchas de ellas no han dudado en volverse contra las instituciones estatales, secuestrar a sus responsables o bloquear la extracción de petróleo.

Las milicias encargadas de custodiar las instalaciones petroleras bloquean desde hace semanas la terminales del este del país, lo que ha provocado un desplome de la producción y pérdidas estimadas en 6.000 millones de dólares.

De seguir el bloqueo, que las milicias justifican por el olvido histórico al que Trípoli ha sometido a la Cirenaica en el marco de una reivindicación soberanista, el Gobierno, que está gastando todas sus reservas financieras, no podrá pagar los sueldos de los funcionarios en los próximos meses.

«Un futuro radiante»

El primer ministro, Ali Zeidan, ha reconocido que «hay muchas fuerzas que están obstaculizando la formación de unas fuerzas de seguridad estatales».

Él mismo estuvo retenido durante horas el pasado 10 de octubre por el secuestro a manos de fuerzas militares especiales estadounidenses de Abu Anas al-Liby, acusado de ordenar, como dirigente de Al Qaeda, los atentados en 1998 contra las embajadas en Kenia y Tanzania.

Zeidan sucedió en agosto al dimisionario Awadh al-Barassi, quien renunció en medio de una cascada de dimisiones de cargos políticos liberales.

Zeidan insiste en augurar un «futuro brillante» y asegura que la situación de Libia es mejor que la de otros países. Lo que no concreta es de cuales.