Los trabajadores de Fagor afrontan su condición de accionistas y acreedores
A la preocupación por la pérdida del empleo y el cobro de las jubilaciones se une la angustia por las cargas que puede acarrear a los socios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos su condición de accionistas, sin olvidar que, al mismo tiempo, son acreedores por el impago de retribuciones. Tres situaciones diferentes unidas en un colectivo de 1.800 personas que afronta un futuro lleno de incertidumbre ante una situación nunca vista hasta la fecha.
Joseba SALBADOR | DONOSTIA
En las asambleas informativas convocadas el pasado viernes por el Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos salió a relucir la posibilidad de que los trabajadores tengan que afrontar con sus bienes las pérdidas que arrastraba la compañía en los dos últimos años y que superan los 150 millones.
Según fuentes consultadas por GARA, este hecho sería cierto en caso de que existiera capital en las cartillas que los socios poseen desde que se incorporaron a la empresa. Su saldo está compuesto por la aportación inicial más los resultados anuales (si son positivos) y no puede hacerse uso del mismo hasta la jubilación, motivo por el que se consideran como un complemento a las pensiones.
Además, existen dudas sobre si los trabajadores tendrán que responder con los bienes propios -pisos, propiedades...-, ya que aunque la Ley de Cooperativas así lo establece, existe una legislación de rango superior, la Ley Mercantil, que indica que solo se responderá con el capital invertido y no con el patrimonio.
Aportaciones voluntarias
Por otra parte, y dentro del colectivo de socios existe otro grupo de trabajadores que ha realizado aportaciones voluntarias de capital y que se ha unido en torno a la plataforma Ordaindu para exigir su devolución.
Según informó ayer esta plataforma, que agrupa a alrededor de 200 socios, la cantidad que exigen rescatar ascendería a 44 millones de euros. Hasta hace algo más de un año no se había dado ningún problema para cobrar los intereses semestrales, incluso para rescatar el capital, siempre que se realizara el preaviso con un mes de antelación.
No obstante, la plataforma Ordaindu afirma que en enero empezaron los retrasos en el pago de los intereses y se bloqueó la devolución del dinero de los socios que en los últimos meses de 2012 solicitaron el rescate de su capital. Asimismo, denuncia que no se está pagando a los jubilados que aportaron capital.
Paro y jubilaciones
En cuanto a las jubilaciones, la sociedad que se hará cargo de las mismas es la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) Lagun Aro, ya desligada de la aseguradora del mismo nombre que se integró en Laboral Kutxa.
Según informó el pasado viernes, tanto las prestaciones por pensiones como las del desempleo, que también serán aportada por esta EPSV, cuentan con su propio sistema de financiación, de tal forma que son fondos independientes, al igual que las prestaciones por asistencia sanitaria o incapacidad temporal.
Lagun Aro EPSV reconoció no obstante que la situación creada en Fagor provocará que a partir del próximo ejercicio sea necesario incrementar las cuotas del resto de cooperativas para poder financiar esta prestación.
En cuanto a las pensiones, aseguró que tiene constituidos los fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos. Sin embargo, según las fuentes consultadas por GARA, el montante total de las pensiones podría reducirse al 50%.
Y por si esto fuera poco, parte de los cooperativistas integran el colectivo de 10.000 inversores que compraron deuda perpetua de Fagor, otra vertiente del problema que también espera una solución.
El portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, aseguró ayer que las ayudas económicas a Fagor Electrodomésticos se dieron dentro del «marco legal», tras analizar los posibles riesgos y ante una «situación límite y extrema».
Erkoreka respondió en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno a preguntas de los periodistas sobre las aportaciones otorgadas a la cooperativa, después de que el PSE acusase al Ejecutivo de Iñigo Urkullu de haber dado 30 millones a la compañía que deberían haberse dedicado a inversiones a sabiendas de que lo iba a destinar a gasto corriente.
Antes de tomar la decisión de ayudar a Fagor, según Erkoreka, la entidad pública encargada de hacerlo, Ekarpen, consideró, tras hacer una evaluación de riesgos, que «el coste resultante de la no implicación del Gobierno y de las instituciones en el reflote de la empresa era superior al de la implicación». «El Gobierno arbitró mecanismos de ayudas dentro de las previsiones y del marco legal», dijo.
Erkoreka admitió que en ese momento el Ejecutivo autonómico ya era consciente de que las ayudas no iban a poder tapar todo el «agujero» de la empresa, sino que hacían falta más gestiones.
Tras lamentar que «desafortunadamente la evolución de los acontecimientos ha provocado que no se hayan cumplido los objetivos», el portavoz aseguró que no le consta que «se pueda hablar de que la empresa haya dirigido las ayudas a un destino objetivamente diferente al concebido inicialmente».
Entretanto, el Ayuntamiento de Basauri, con los votos de PNV, PSE, PP y Bildu, expresó ayer su apoyo a los trabajadores de Fagor-Edesa y pidió al grupo Mondragon que reestructure la planta del municipio para garantizar su actividad. GARA
La dirección de la ikastola Arizmendi de Arrasate, cooperativa del grupo Mondragon que acoge a 3.000 alumnos de Leintz Bailara, ha remitido esta semana una carta a la comunidad educativa en la que anima a «arrimar el hombro, buscando las respuestas más acordes y eficaces ante la situación planteada» tras el cierre de las plantas de Fagor Electrodomésticos.
El escrito subraya que «nuestro alumnado ha de atestiguar que Arizmendi Ikastola sabe responder ante cualquier situación, desde la identidad euskaldun y cooperativa» y que, además de los «gestos emotivos», «sabe tomar medidas acordes» con la situación. J.S.
