Esta historia tiene tres episodios. Hace un año, Catalunya vivía la efervescencia de la precampaña electoral, después de que el president, Artur Mas, decidiese anticipar los comicios ante el clamor independentista de la Diada y el portazo del Gobierno español a la propuesta de pacto fiscal. El eje indiscutible de aquellas elecciones fue el proceso soberanista, sobre el que entonces empezaba a esbozarse, por primera vez, una hoja de ruta práctica, más tarde concretada en el acuerdo de estabilidad firmado por CiU y ERC. Pero por la puerta de atrás se coló también, como eje secundario, la corrupción de CiU.

Motivos sobraban. La escritura de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) estaba -y está- en los juzgados como garantía de la fianza impuesta por el juez del caso Palau, que investiga el expolio del Palau de la Música y la financiación ilegal de CDC a través de la institución. Además, el secretario general del partido, Oriol Pujol, estaba a punto de ser imputado por el caso de las ITV.

Pero entre los casos ya conocidos apareció, con bombo y platillo, la portada de «El Mundo» del 16 de noviembre, que recogía un supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, en el que se acusaba a las familias Pujol y Mas de tener cuentas en Suiza con dinero procedente, precisamente, del expolio del Palau de la Música. Posteriormente se demostró que se trataba de un informe apócrifo del que nadie se quiso responsabilizar. Eso sí, cuando el 25 de noviembre CiU se llevó el tremendo varapalo de pasar de 62 a 50 diputados, el director del rotativo madrileño, Pedro J. Ramírez, no se resistió a difundir por las redes sociales «la sensación de haber ganado unas elecciones».

Estalla el caso de La Camarga

El segundo episodio comienza el pasado 11 de febrero, cuando de nuevo el diario de Pedro J. aseguró que el PSC ordenó a la agencia de detectives Método 3 la grabación de una reunión entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y una examante de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresident. La reunión se habría celebrado en el restaurante barcelonés La Camarga y en él, la examante habría informado de los viajes del primogénito de Pujol a Andorra con grandes sumas de dinero.

En el papel de víctima, Sánchez-Camacho denunció tanto a la agencia de detectives como al PSC, mientras informaciones adicionales hablaban ya de un Camargagate, en el cual políticos de la mayoría de partidos catalanes habrían sido espiados y, al mismo tiempo, habrían ordenado espiar a otros. Toda una vorágine de informaciones y denuncias cruzadas. El ventilador estaba en marcha y mientras tanto, pocos hablaban de que el contenido de la reunión entre Sánchez-Camacho y la examante de Pujol -filtrada con cuentagotas- se parecía sospechosamente al informe apócrifo de la UDEF publicado durante la campaña electoral.

La operación siguió con la detención de los responsables de Método 3 por parte de la Policía española -en ningún momento se dejó a los Mossos d'Esquadra participar en la investigación-, que quedaron rápidamente en libertad. El tema se fue olvidando y hasta Sánchez-Camacho se relajó al sellar un pacto de silencio con la agencia de detectives. La líder del PPC aceptó retirar la denuncia a cambio de 80.000 euros que, como mandan los cánones de la política profiláctica, destinó a fines sociales. El acuerdo incluía la asunción de la culpa por parte de Método 3 y el compromiso de no publicar el contenido de la reunión.

Director de Método 3 rompe el silencio

Más allá de alguna información puntual, el caso permaneció en el olvido hasta hace una semana, cuando el que era director de la agencia Método 3, Francisco Marco, presentó su libro «El Método» y dio rienda suelta a informaciones que hasta ahora había mantenido en privado. Marco denunció las «coacciones y persecuciones» sufridas desde el Ministerio de Interior y el PP y se mostró dispuesto a «combatir las cloacas del Estado». Aseguró que Sánchez-Camacho sabía «perfectamente» que su conversación con la examante de Pujol hijo estaba siendo grabada. De hecho, aseguró que el encuentro fue impulsado por el jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas.

Marco también explicó que Sánchez-Camacho encargó la grabación a través de un dirigente del PSC, cuyo nombre no reveló pero que todos entienden que se trata del exsecretario de organización José Zaragoza -así lo cree también el juez a cargo de la investigación-. El detective ahora escritor añadió que este dirigente realizó el encargo de espaldas al partido y que no incurrió en ningún delito porque Sánchez-Camacho sabía que sería grabada.

Pero el plato fuerte de las revelaciones llegó cuando aseguró que, durante la pasada campaña electoral, el exconcejal del PP en Barcelona Javier Basso encargó al expolicía Manuel Villarejo que se hiciese pasar por abogado y redactase un informe a nombre de la UDEF. «El PP de Catalunya instrumentalizó el Ministerio de Interior», concluyó Marco.

Siendo claro que Marco es parte del caso y que, por lo tanto, difícilmente podrá ejercer de juez, de ser ciertas sus declaraciones, cierran un círculo anticipado por numerosos analistas: Sánchez-Camacho habría ordenado grabar la reunión, con cuyo contenido, PP e Interior prepararon la artillería para marcar a fuego la campaña electoral catalana. Una actuación que en algún otro país sería ejemplarmente castigada, pero que en el Estado español da la medida de hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno para alterar la realidad, en este caso, en Catalunya.