La crisis financiera que se inicia en septiembre de 2008 afecta progresivamente a la economía real provocando una disminución rápida del crecimiento económico, una reducción del consumo interno y de la inversión pública, y un incremento del déficit y de la deuda pública. Esta contracción de la economía provoca a su vez un deterioro de los indicadores sociales con el aumento del desempleo, de la precariedad laboral, de la pobreza y de la exclusión social. Ante esta situación, y bajo la presión de los mercados financieros y de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), los diferentes gobiernos han aplicado políticas de austeridad que se han traducido en un deterioro de los principales indicadores socioeconómicos.

Más aún, esta crisis pone de manifiesto la incapacidad creciente de los gobiernos nacionales y regionales para influir en la economía y enderezar su rumbo. Además de carecer de los dos instrumentos básicos de cualquier política económica, es decir la política presupuestaria y la política monetaria, como consecuencia de la independencia del Banco Central Europeo y de los cri- terios de Maastricht, se ven sometidos a una fuerte presión de los organismos y mercados internacionales. Dicho de otra forma, los centros de decisión se han trasladado de los gobiernos democráticamente elegidos a entidades supranacionales que escapan al control ciudadano.

Esta situación, sinónimo de vaciamiento de las instituciones representativas, genera cierto malestar y una desorientación evidente de la ciudadanía que es cada vez más consciente del hecho de que las principales decisiones que conciernen su presente y futuro se toman fuera de su ámbito de decisión e intervención. Esto provoca una rápida deslegitimación de la democracia parlamentaria, ya que los electores consideran que, sea quien sea quien salga elegido, aplicarán políticas similares dictadas por la troika o los mercados financieros. En ese sentido, la crisis financiera se ha convertido en crisis económica y posteriormente en crisis social antes de devenir una crisis política.

Esta crisis política se traduce en un incremento de la abstención, a imagen de la escasa participación observada durante las últimas elecciones municipales que han tenido lugar en Portugal, en una escasa credibilidad concedida a los partidos de la oposición, cuyo mejor ejemplo es el poco entusiasmo que suscita el PSOE en España, y, sobre todo, en un fortalecimiento de la extrema derecha en varios países europeos, del que dan cuenta los buenos resultados electorales obtenidos en Suiza (28,9%), Noruega (22,9%), Finlandia (19,0%), Francia (17,9%), Austria (17,5%) o Hungría (16,7%) por formaciones que se reivindican de esta corriente política. La mayoría de estos partidos desarrollan unas temáticas antieuropeas, antiinmigrantes y antiliberales, y promueven el proteccionismo, el rechazo de los extranjeros y de la construcción europea.

Si inicialmente el electorado de los partidos de extrema derecha estaba compuesto por personas poco cualificadas, desempleadas o precarias y residentes en zonas urbanas desfavorecidas, se ha diversificado progresivamente hasta el punto de atraer a empleados y comerciantes, personas con una cualificación media e individuos residentes en municipios pequeños y medianos. Estos colectivos perciben la globalización y la construcción europea como unas amenazas para su bienestar y temen que la crisis se traduzca en su desclasificación social. Frente a eso, solicitan una mayor protección de las administraciones públicas y designan a unos colectivos (inmigrantes, minorías étnicas, etc.) como los responsables de su situación.

En definitiva, nos enfrentamos a una profunda crisis política cuyo desenlace es incierto pero que tiene ciertas similitudes con la Europa de los años 30.