Los responsables forales lo vienen negando públicamente pero EH Bildu no cree las palabras del diputado vizcaino de Presidencia, Unai Rementeria. Acusa a la Diputación de «haber maniobrado» para que no se rubricase un acuerdo entre el Ayuntamiento, los propietarios de los chalés y Txipio Bai para resolver un conflicto enconado que, una vez más, puede terminar en los tribunales.

En los últimos meses, desde la presidencia de la comisión de Urbanismo del Consistorio de Barrika, los ediles soberanistas habían conseguido tejer un acuerdo a tres bandas. Así, el colectivo ecologista Txipio Bai aceptaba que las viviendas de lujo edificadas en una zona de especial protección paisajística no se derribasen -tal y como se deriva de la anulación de las recalificaciones impulsadas por Ayuntamiento y Diputación-, a cambio de que los terrenos aledaños se declarasen «no urbanizables».

A punto de cerrarse el acuerdo, el PNV cambió de postura, retirando a EH Bildu de la presidencia de la comisión, al tiempo que se extendió entre los dueños de las casas el rumor de que el terreno iba a ser declarado urbano. Desde la coalición aclaran que, en ese caso, Txipio Bai podría solicitar la ejecución de la sentencia del Supremo español, que podría derivar en la demolición de los chalés y en una sucesión de pleitos y demandas judiciales con alto coste para las arcas municipales y forales.

En ese contexto, EH Bildu elevará al próximo pleno municipal la propuesta para que las viviendas edificadas no sean derribadas y que el resto del espacio que contemplaba la operación de Barrikabaso sea declarado no urbanizable «para evitar que se puedan construir más». La coalición espera que el PNV de Barrika «actúe con lealtad y no adopte decisiones irresponsables» que pongan en riesgo las casas de los vecinos.

En cuanto a la Diputación, le piden que «reconozca los errores que ha cometido en Barrika con este proyecto y que no interceda más para poner palos en las ruedas a un acuerdo que es la única solución viable y segura para todas las partes». La portavoz soberanista en las Juntas Generales, Irune Soto, ha anunciado que solicitarán explicaciones sobre el proceder del Gobierno de José Luis Bilbao, al que acusa de «actuar contra el interés general y en favor de intereses privados».

Soto advierte de que la sucesión de pleitos puede acarrear indemnizaciones millonarias a las arcas públicas. A raíz de la sentencia del Supremo, los promotores de la operación urbanística fallida, la familia Lezama-Leguizamón, ha reclamado a las instituciones indemnizaciones millonarios, a las que se podrían sumar los dueños de las viviendas en caso de ser derribadas y los ecologistas.

«Si tenemos en cuenta que Txipio Bai ya ha ganado tres sentencias, que en las tres se ha alertado de la inviabilidad del proyecto, cabe exigir a la Diputación que abandone el proyecto y respete el acuerdo alcanzado por las partes en Barrika», manifiesta Soto.