«Se les ve efectivamente a las torturas gravísimas a las que están siendo sometidos. No hace falta más que ver sus caras, con esos globos que hinchaban y sus risas. Es un escarnio lo que dice . Y es mentira». Esta fue la fórmula elegida por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, para negar las denuncias de malos tratos realizadas por los jóvenes acusados en el macrojuicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional desde el 14 de octubre. Lo hizo durante una interpelación defendida por Onitza Enbeita, que aludió a aquellos terribles relatos, y que coincidió, precisamente, con la segunda jornada de declaraciones policiales del proceso contra el movimiento juvenil. Una sesión en la que, nuevamente, policías y guardias civiles testificaron en solitario, sin la presencia de los acusados en la sala, después de que el tribunal accediese a su negativa de presenciar el relato de sus torturadores.

«La Policía española y la Guardia Civil torturan», denunció Enbeita, que recordó casos como el de Mikel Zabaltza, Gurutze Iantzi o Unai Romano, al tiempo que denunciaba la impunidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ha mantenido desde la dictadura franquista hasta la actualidad. «La Policía y la Guardia Civil torturan y el Estado esconde y ampara sus crímenes», recordó. Por ello, instó al Ejecutivo a poner fin a estas prácticas, investigar las demandas, acatar las recomendaciones internacionales y resarcir a las víctimas. No hubo respuesta.

Apoyo a Intxaurrondo

«Lo que es una tortura es escuchar lo que acaba de decir», arrancó Fernández Díaz. Frente a las demandas concretas de la portavoz abertzale, el titular de Interior desplegó un argumentario basado en negarlo todo, reiterar su apoyo a los uniformados (con mención expresa a los cuarteles de Leitza e Intxaurrondo) y aferrarse a la exigencia de condenas. Llegó incluso a subir el tono advirtiendo que la diputada podía pronunciar «injurias y calumnias» porque «le ampara la inmunidad parlamentaria». Para apoyar sus tesis, Fernández Díaz enarboló los datos judiciales de denuncias de torturas y policías condenados. Concretamente, según el ministro, entre 2008 y 2011 supuestamente se investigaron 4.861 denuncias en función de las cuales fueron condenados 46 policías y guardias civiles, lo que representa un 1%. De este modo, Fernández Díaz obviaba, precisamente, la razón por la que el Estado ha sido condenado en instancias internacionales: la falta de diligencia a la hora de desarrollar las pesquisas.

Mientras Interior se enrocaba en el Congreso, los policías hacían lo propio en la Audiencia Nacional. Todos los agentes que testificaron negaron los malos tratos e incluso llegaron a afirmar que los jóvenes se habían mostrado «colaboradores» y «tranquilos». Concretamente un policía habló sobre el traslado de Eñaut Aiartzaguena, afirmando que fue «medio dormido». El joven había relatado haber sido golpeado durante el camino a Madrid. Tras la de ayer, la próxima sesión se celebrará el 25 de noviembre.