proceso en catalunya
El PP escenifica el diálogo junto a Duran i Lleida pese a seguir negando la consulta
Un supuesto deshielo, bien alimentado mediáticamente, ha propiciado en los últimos días la reapertura del diálogo entre los gobiernos español y catalán. O al menos su escenificación, ya que más allá de las constantes pero vagas referencias al diálogo, la posición de la Moncloa sigue enrocada junto a la Constitución, mientras que desde Catalunya, las fuerzas impulsoras del proceso independentista insisten en que la consulta no es negociable.
Beñat ZALDUA | LEKUA
La palabra diálogo está de moda en Catalunya en los últimos días. Con ella se apela al supuesto deshielo que viven las tensas relaciones entre CiU y PP, con el PSOE encajado como cuña intermediaria. «Alguna cosa se está moviendo» dijo esta semana el lider de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, adalid de este supuesto diálogo. «Contactos entre PP, PSOE y CiU para reabrir el diálogo», tituló al instante «La Vanguardia», comparsa de Duran i Lleida en su esfuerzo.
Lo cierto es que desde que el pasado 25 de octubre el president, Artur Mas, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunieron en el Palau de la Generalitat la gesticulación ha cambiado. Además de presentar su propuesta federal -rechazada el mismo día por el Gobierno español-, Rubalcaba constató que «hay un problema de convivencia entre Catalunya y el resto de España». Una obviedad que, sin embargo, resulta novedosa puesta en boca de un hombre de Estado. Así lo expresó el portavoz del Govern, Francesc Homs, que consideró que empieza a haber «un consenso sobre el diagnóstico».
Desde entonces se han multiplicado las voces a favor del diálogo, impulsadas sobre todo por un triunvirato que bien podría ser un mismo ente: Duran i Lleida, buena parte de la élite económica a ambos lados del puente aéreo entre Madrid y Barcelona y «La Vanguardia», diario que el pasado domingo intentó marcar agenda con un ambiguo editorial en portada titulado «¿Quién teme a los moderados?». Los moderados, por supuesto, son los partidarios de un diálogo con difícil destino, así como los defensores de las terceras vías. Y a ambos lados de la moderación, los radicales unionistas y los radicales independentistas.
¿Existe este diálogo?
Que Rubalcaba y Rajoy hablan sobre Catalunya y que Duran i Lleida dialoga con ambos no es ningún secreto. Tampoco que las élites económicas llevan tiempo preocupadas por el desarrollo de los acontecimientos y presionan para buscar una salida pactada al proceso independentista. Pero de ahí a afirmar que el diálogo entre Catalunya y el Estado está abierto, con negociación en marcha incluida, hay un trecho solo transitable con grandes dosis de voluntarismo o con segundas intenciones poco confesables.
Así lo puso de manifiesto ayer el diario «El Mundo», que aseguró que la Moncloa está difundiendo en las filas del PP un argumentario para dar juego a Duran i Lleida y así «hundir» y «aislar» a Mas. Pura escenografía, ya que según el propio diario madrileño, el Gobierno no cederá «ni un solo milímetro» en la cuestión catalana.
Tampoco es necesario conocer estos argumentarios para darse cuenta de que, efectivamente, el Gobierno no moverá ni un dedo. Basta escuchar a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que el martes, por enésima vez, se mostró abierta al diálogo siempre que se respete la Constitución. De nuevo, el callejón sin salida de la Carta Magna. Más claro fue todavía el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que desde Lituania señaló que la vía catalana «es una vía sin salida, que puede crear un problema tremendo en Catalunya y en el resto de España, que sería catastrófico en términos económicos». Por si no había quedado claro, añadió que «cuanto antes se abandone esa vía, que es puro ilusionismo, y hablemos de opciones más reales y menos ilusorias, menos haremos perder el tiempo a la gente y provocaremos menos frustraciones».
Hacia el choque de trenes
Ante semejantes evidencias, poco margen queda para un diálogo sobre el fondo de la cuestión. Así lo entienden también las fuerzas políticas que impulsan el proceso en el Parlament -CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP-. En las ruedas de prensa que ofrece cada grupo parlamentario los martes, los portavoces de las cuatro formaciones insistieron en la idea de que, por mucho diálogo que se abra, la consulta no es negociable.
De hecho, el diputado de las CUP Quim Arrufat anunció la presentación de una moción para convocar la consulta de forma unilateral -se votará en el pleno de la semana que viene y está por ver la posición del resto de fuerzas soberanistas-. Desde el Govern, Homs también recalcó el mismo día que «cualquier solución hay que votarla». De hecho, más allá de diálogos escenificados, la hoja de ruta catalana sigue su curso y, sin ir más lejos, la vicepresidenta, Joana Ortega, viaja hoy al Quebec para interesarse por los sistemas de votación telemática aplicados allí. Unos sistemas que, según explicaron, podrían ser «aplicados en la consulta soberanista que se celebrará en Catalunya en 2014».
A estas alturas, CiU es la primera fuerza que, fuera de micrófonos, asume la práctica imposibilidad de celebrar dicha consulta con permiso del Estado, pero el viaje a Canadá cabe entenderlo como una escenificación -otra más- de que el Govern intentará llegar hasta el final. El siguiente punto álgido del proceso llegará, previsiblemente, el próximo 20 de noviembre, cuando el pleno del Parlament apruebe el marco legal para pedir oficialmente la celebración de una consulta en el Congreso, con el objetivo de conseguir una nítida fotografía del rechazo español al ejercicio del derecho a decidir.
Más tarde, pero antes de final de año, deberán llegar la pregunta y la fecha de la consulta, quizás junto a la entrada de ERC en el Govern. Pocos se acordarán entonces de este diálogo supuestamente abierto estos días. El choque de trenes estará servido.
La votación de una moción presentada por UPyD en el Congreso de los Diputados para vetar que «una parte de la ciudadanía pueda decidir sobre la organización territorial del Estado» provocó a última hora del martes un nuevo cisma en las relaciones entre el PSOE y el PSC.
Los primeros votaron a favor de la moción -aunque según explicaron varios medios de comunicación, su posición inicial era la abstención-, mientras que los diputados catalanes adscritos al grupo parlamentario socialista optaron, estos sí, por la abstención.
Teniendo en cuenta que el PSC incorporó el derecho a decidir en su programa electoral, su abstención no debería resultar una gran sorpresa.
Sin embargo, esta segunda ruptura de la disciplina de voto -la primera ocurrió el pasado febrero, por un motivo similar- fue vivida como un drama por dirigentes históricos como Alfonso Guerra, que ayer aseguró que «el PSC hace mucho tiempo que dejó de ser socialista». Guerra abogó además porque el PSOE se presente con marca propia en Catalunya, evidenciando de esta manera el poco recorrido que la propuesta federal del PSC tiene dentro las filas del socialismo español.
El incendio provocado por Guerra fue rápidamente sofocado tanto desde Madrid como desde Barcelona. Primero fue el primer secretario del PSC, Pere Navarro, quien aseguró que el derecho a decidir no supondrá la ruptura con el PSOE, partido con el que tienen «un proyecto compartido» que Navarro resumió así: «Constitución, proyecto federal y regeneración democrática».
Desde Madrid, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, insistió en la misma idea, aunque con otro matiz, al señalar que «el PSOE y el PSC comparten el mismo proyecto, que es el socialismo y la unidad de España».
Pese a que no pasará a los anales de la historia, el nuevo roce pone en evidencia la más que compleja situación del PSC. Mientras en Madrid los acusan de nacionalistas, en Catalunya es una constante la fuga o el paso a un segundo plano de militantes muy críticos con la posición de la cúpula del partido, a la que le exigen una apuesta más decidida por el derecho a decidir. El último de estos casos fue el de la exconsellera Montserrat Tura, que el pasado fin de semana abandonó el Consell Nacional del partido después de 33 años en este órgano.
A todo ello hay que sumarle la imparable caída electoral que sufre el partido desde 1999. Una caída a la que las últimas encuestas no auguran ningún freno.
El PSC paga de esta manera su ambigüedad y el imposible equilibrio que intenta mantener para oponerse a la independencia de Catalunya y, al mismo tiempo, evitar fotografiarse junto a la bancada unionista.
Una situación reflejada en la comisión parlamentaria de estudio del derecho a decidir, en la que los diputados del PSC aseguran defender la consulta al mismo tiempo que le ponen todo tipo de trabas.
Un juego al que también se presta CiU para dar una imagen de gran consenso en el Parlament, pero que tendrá los días contados en el momento en que se concreten la fecha y la pregunta de la consulta. B.Z.
La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, viaja hoy a Quebec para informarse sobre los sistemas de votación telemática, que la Generalitat estaría contemplando aplicar si se celebra la consulta en 2014.
