Es indiscutible, tras superar múltiples obstáculos, tratando de silenciar y ocultar la grave epidemia de enfermos del amianto, aumentan las demandas de un número creciente de afectados con graves enfermedades respiratorias (asbestosis, cáncer de pulmón, pleura, peritoneo...), los que reclaman justicia y compensación por el daño causado, tras haber trabajado décadas atrás, expuestos a la fibra cancerígena, sin información del riesgo y sin medidas de protección o prevención.

Irrita, por inhumana, la actitud del INSS y de jueces como Ricardo Bandrés, titular del Juzgado de lo Social Nº 4 de Donostia, que ignorando la doctrina unificada del Tribunal Supremo, se permiten rechazar demandas de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, como la planteada por los familiares de J.A.M. (fallecido a consecuencia de un mesotelioma el 21 de octubre de 2011), afirmando: «En los años 60 y 70, no se conocían cuáles eran los peligros de la exposición y contacto con el amianto», y añadir «Cuando J.A.M. estaba en contacto con el amianto, no existía ninguna norma que regulara su uso y obligara a la empresa a adoptar alguna medida de seguridad, por tanto, no cabe imponer ningún recargo a la empresa».

¡Es falso! El propio Tribunal Supremo unificó doctrina en 2012 acerca de la legislación que las empresas debían cumplir en relación al amianto, señalando nueve órdenes y decretos, vigentes antes de 1982, entre ellos el decreto 792/1961 sobre enfermedades profesionales, que incluye la asbestosis, o el decreto de 1978 que incluye el mesotelioma por polvo de amianto, cuyo cumplimiento empresarial hubiera posibilitado minimizar la catástrofe sanitaria del amianto.

Es evidente que existieron responsabilidades del Estado, las administraciones públicas y las empresas al exponernos a decenas de miles de trabajadores vascos al riesgo cancerígeno, sin información ni protección frente el riesgo. Sería, por tanto, justa la constitución de un fondo de compensación, evitando el dolor de las víctimas y sus familias, obligadas a pelear en juzgados, con testigos, peritos y gastos judiciales, para lograr el reconocimiento del origen de la enfermedad y la compensación por el daño causado.

Falta voluntad para resolver el problema, prefieren zancadillear nuestra lucha. No lograrán paralizarnos. Hemos comprobado que juntos y organizados somos fuertes y podemos ganar. El daño causado es enorme, para que una zancadilla o injusta sentencia nos paralice.