LAB ha valorado el preacuerdo alcanzado entre UGT, CCOO y CC con la dirección de la empresa y que fue aprobado en referendum el miércoles de la semana pasada con un 62,5% de votos a favor y un 32,3% en contra. Según este acuerdo, el convenio tendrá una vigencia de cinco años y establece una jornada laboral individual en 215 días.

Benito Uterga, responsable de LAB, critica «la rapidez con que a última hora se llegó a un acuerdo» y sostiene que, pese al respaldo de la plantilla, «seguimos pensando que éste ni resuelve ni abre soluciones a problemas ni a situaciones que deberían haberse abordado».

A su juicio, la opción de la dirección y de la mayoría del comité de firmar «un convenio al uso» solo ha servido «para retrasar unos meses su firma y presentarlo como `el menos malo' del sector, por el hecho de que las subidas salariales contemplan incrementos ligados al IPC».

En un análisis más detallado de los puntos aprobados, Uterga señala que la jornada laboral de 215 días supone «un 1,9% de aumento de la jornada, con lo que abarata en esa proporción la subida salarial».

Asimismo, denuncia que se deje la puerta abierta a revisar la estructura actual en caso de que se adjudicara un segundo modelo y que la empresa incorporaría «aquellas medidas que repercutan en la mejora de la competitividad», algo a lo que no ve sentido ya que «con las medidas de flexibilidad actuales se podrían fabricar cerca de 500.000 coches».

Otros de los puntos que critica son los referidos al abaratamiento de la categoría de ingreso en un 10%, la reducción de los pagos variables o la atribución sobre el trabajador de las reducciones voluntarias de jornada «a precio de un permiso no retribuido».

Entre otros aspectos, denuncia también que el convenio elimina la posibilidad actual de conversión de los contratos temporales en indefinidos en los casos de contrataciones por circunstancias de la producción.

Y en cuanto a las prejubilaciones, LAB denuncia que el planteamiento que se realiza en el convenio establece que la salida de la empresa será mediante «baja voluntaria», lo que no da derecho a paro y supondrá un elevado coste para el trabajador en cuanto a cotizaciones a la Seguridad Social.

LAB considera que esto constituye «una pretensión encubierta de proceder a una destrucción de empleo importante» con la que la empresa «intentará ahorrarse unos cuantos millones».