Una vez más, la información transmitida por algunos medios de comunicación sobre la reciente evolución de la Ley de Cajas de Ahorros en el Congreso resulta particularmente confusa y desorientada y, además, casi ha pasado desapercibida en el contexto de alarma generado por la crisis de Fagor Electrodomésticos.

Todo ello nos está distrayendo del inmenso peligro que para nuestra economía y para nuestra sociedad implica el permanente riesgo que la bancarización de las cajas supone para el control social e institucional de Kutxabank. Si la crisis de Fagor Electrodomésticos supone un riesgo inmediato para nuestra estructura social e industrial, la inestabilidad institucional de Kutxabank es un gravísimo riesgo estructural de medio y largo plazo para el conjunto de nuestra economía.

El énfasis de algunos medios de comunicación en las ventajas que, a través de una enmienda transaccional, se han conseguido en la redacción del Proyecto de Ley para el mantenimiento de los recursos destinados a la obra social es sorprendente. El condicionante consiste en la necesidad de que la BBK reduzca en un 7% su participación en Kutxabank en un plazo de cinco años. Es decir que, en realidad, estamos hablando únicamente de ganar tiempo.

Sin embargo, permanecen las dificultades establecidas para que las fundaciones bancarias -que sustituirán a las actuales cajas- superen el 50% de la titularidad de Kutxabank. Lo mismo que la limitación a un máximo del 25% del control de estas fundaciones por parte de entidades públicas.

No es en absoluto un buen síntoma el que los medios de comunicación hayan infravalorado la importancia de la reducción de la participación de la BBK sobre Kutxabank en un 7%. No se trata de subestimar la importancia del mantenimiento de la obra social, pero -como EKAI Center ha venido poniendo de relieve repetidamente- el control de Kutxabank por parte de nuestras instituciones públicas tiene un carácter tan esencial para el futuro social y económico de este país que cualquier trivialización de esta cuestión resulta en este momento especialmente alarmante.

Esta amenaza directa de reducción del peso de la BBK en Kutxabank, con independencia de la solución que se arbitre al respecto, es un síntoma más de la inestabilidad institucional en la que nuestras cajas de ahorros se han sumergido como consecuencia del proceso de bancarización iniciado en 2011.

Pocas dudas hay en este momento del desastre que la apertura de dicho proceso supuso para nuestro sistema financiero y, en conjunto, para nuestra estructura socio-económica. Nadie habla ya de los supuestos problemas de insuficiente dimensión de las cajas, ni de la supuesta «oportunidad» de incorporar otros inversores, ni de la captación de capital en el mercado de Bolsa, ni de ninguna de las que entonces se enumeraban como aparentes ventajas de la bancarización.

La bancarización de nuestras cajas fue, parece ya evidente, un error. Un trágico error para nuestra economía y para nuestra sociedad. Ahora nos queda solo limitar los daños y, de ser posible, corregir la dirección tomada hace dos años.

La bancarización ha situado a nuestro sistema financiero en un entorno de inestabilidad institucional intolerable en el momento culminante de esta crisis económica.

En el contexto actual, apostar por la figura de Kutxabank como entidad bancaria controlada por las actuales cajas una vez transformadas en fundaciones supone mantener de forma indefinida la actual situación de inestabilidad institucional y de permanente riesgo de pérdida del control por parte de nuestras instituciones públicas.

Parece el momento adecuado, por lo tanto, para abrir el debate de fondo más lógico, que no es otro sino el de dar marcha atrás cuanto antes al proceso de bancarización. Esto significa evitar la vía de las fundaciones especiales abierta por la nueva Ley y optar claramente por volver a la figura de cajas de ahorros prevista y regulada también en el actual Proyecto.

Sabemos que dar ahora marcha atrás al proceso de bancarización no es fácil. Razones fundamentalmente de imagen personal y política hacen difícil que determinadas personas e instituciones reconozcan de forma expresa el radical error cometido en 2011.

Sin embargo, el desastre económico generado por la red de expansión masiva de oficinas en otros territorios o la adquisición de entidades como Caja Sur y la necesidad de asegurar de forma definitiva el enraizamiento y el control institucional de nuestras cajas dejan perfectamente claro qué es lo que hay que hacer.

La nueva Ley recoge dos figuras alternativas de cajas de ahorros y de bancos controlados por fundaciones bancarias. Es la hora de hacer un alto en el camino actual, en el que nos estamos dejando llevar por una deriva absurdamente iniciada en 2011. Demos marcha atrás y cerremos de una vez este proceso apostando definitivamente por la figura de cajas de ahorros. Si para ello hay que sustituir a determinadas personas, hagámoslo rápidamente y sin pensarlo dos veces. El futuro de nuestra economía está en juego.

Si, al contrario, pensamos que la figura institucionalmente inestable de un banco controlado por fundaciones tiene alguna ventaja estructural clara, pongámosla rápidamente sobre la mesa. Aunque no parece que sea ninguna de las que se apuntaban en 2011. Al menos durante el último año, nadie menciona ya ninguna de las supuestas ventajas de la bancarización. En este contexto, la pregunta es clara. ¿Para qué queremos un banco?