Al hilo del escándalo desatado por el espionaje indiscriminado de la NSA con la colaboración de servicios de inteligencia europeos, como el CNI, el diario «El País» revelaba ayer que algunos dirigentes abertzales son objeto de seguimiento «permanente».

El rotativo madrileño señalaba de «fuentes conocedoras del funcionamiento del CNI» que al año son «entre varios cientos y un millar» las autorizaciones que concede el magistrado encargado del control de la actividad del servicio secreto, un dato que no se hace público por tratarse de información clasificada.

Según las mismas fuentes, hay dos tipos de objetivos: permanentes, «cuyo seguimiento se prorroga cada tres meses» y autorizaciones extensas «pero temporales, que incluyen una multitud de objetivos». Los dirigentes de la izquierda abertzale son objeto del mencionado espionaje permanente, al tiempo que parte del colectivo paquistaní de Barcelona es vigilado temporalmente, merced a esas autorizaciones ocasionales.

A la luz de esos datos, que sitúan como máximo en un millar las autorizaciones judiciales de seguimiento, «El País» destaca que la cifra está muy lejos de «los 60,5 millones de comunicaciones rastreadas entre diciembre de 2012 y enero de 2013, según los documentos filtrados por Snowden» y evidencia que resulta imposible un control judicial sobre tal número de intervenciones, máxime cuando el permiso que firma el juez debe estar motivado y en lo posible, debe ser individualizado.

Una práctica constatada

La revelación de «El País» sobre la existencia de un espionaje permanente sobre la acción política de la izquierda abertzale es una constatación más de una práctica conocida y extendida en Euskal Herria de antiguo. Tal y como publicó GARA el pasado viernes se recuerdan sonados casos como las escuchas del Cesid en la sede de HB en Gasteiz en 1998, las detectadas por Arnaldo Otegi y Unai Fano, en el proceso negociador habido entre 2005 y 2007 o las realizadas para controlar las reuniones políticas de Segura en 2007 y la sede de LAB en Igara en 2009, tras las que se produjo la detención de una veintena de dirigentes de la formación independentista y de los posteriormente condenados por el «caso Bateragune».

La intervención de llamadas telefónicas podría estar también tras la operación contra Herrira y, rozando lo grotesco, llama la atención el rastreo de comunicaciones que ha desvelado la investigación de la colocación de la gran ikurriña durante el chupinazo de San Fermín. Las filtraciones del sumario de este caso revelan que se rastreaban las llamadas telefónicas de ediles de Bildu y de miembros de Gora Iruñea, entre otros.