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Imputados ocho mossos por la muerte de un hombre mientras le detenían

La jueza instructora imputó ayer a ocho agentes de los Mossos d'Esquadra por la muerte de José Andrés Benítez, fallecido el pasado 6 de octubre por los golpes recibidos en el transcurso de una detención en el barrio del Raval de Barcelona. Un caso que ha vuelto a poner encima de la mesa los excesos de la Policía catalana y la impunidad brindada a menudo por sus responsables políticos.

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Beñat ZALDUA | BARCELONA

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona decidió ayer imputar a los ocho agentes de los Mossos d'Esquadra implicados en la muerte de José Andrés Benítez, fallecido el pasado 6 de octubre en el Hospital Clínic de la capital catalana, después de recibir golpes, puñetazos y patadas por parte de los agentes que supuestamente trataban de detenerle. La juez instructora les imputó, además, por delitos graves como el de atentado «contra la vida y/o contra la integridad física», así como por un delito «contra la integridad moral».

Para rememorar lo sucedido, basta con seguir, punto por punto, el elocuente auto judicial, basado en los testimonios orales y audiovisuales aportados por vecinos y testigos, que contradijeron desde el primer el día la versión oficial ofrecida por el Departamento de Interior. Según esta versión, los agentes se vieron obligados a reducir por la fuerza a un alterado Benítez, que en el momento en que llegaron los mossos estaría peleándose con un vecino de la calle Aurora.

Frente a esta versión, los vecinos señalaron desde el primer momento que para cuando llegaron los primeros mossos la pelea ya había concluido y que Benítez no presentaba nada más que alguna herida superficial. Fue entonces cuando, al negarse a ser identificado por los agentes, estos se abalanzaron sobre él, propinándole numerosos golpes, puñetazos y patadas. Así lo recoge el auto -en el que también se retiró la imputación a la persona con quien se había peleado Benítez-, que indica que «los agentes no se limitaron a efectuar maniobras de reducción».

Así lo atestiguan, además, algunos vídeos grabados por vecinos y publicados en las últimas semanas por varios medios de comunicación, en los que se observa claramente cómo los mossos propinan una paliza a Benítez, que profería unos «estreme- cedores lamentos y gemidos, aparentemente agónicos», según se lee en auto, en el que se añade que dichos gritos «fueron decreciendo en intensidad hasta desaparecer por completo en un determinado momento, prosiguiendo las agresiones una vez cesaron los gritos».

El auto también se basa en las conclusiones del informe elaborado por la Policía española, a la que la juez encargó la investigación de los hechos, y en el informe preliminar de la autopsia, que califica la muerte de Benítez de violenta y de «etiología médico legal homicida», y establece como causa del fallecimiento «múltiples traumatismos sobre la región cráneo facial».

Obstrucción y coacciones

El auto, además, no se limita a la agresión a Benítez, sino que imputa también a los ocho agentes «por los ilícitos de obstrucción a la Lusticia y de coacciones». Tal y como habían denunciado algunos vecinos, la jueza incluye en su escrito que «Agentes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra ordenaron que destruyera las imágenes que había filmado» a una vecina de la calle donde se produjeron los hechos. En este sentido, también se puede leer que «un agente hizo desaparecer la mancha de sangre que quedó en el suelo, tras retirarse el cuerpo inerte del Sr. Benítez, vertiendo agua sobre ella, antes de que los servicios municipales de limpieza actuasen sobre la zona».

Pese a que la juez no habla de ello, la actuación policial posterior a la paliza a Benítez no se limitó a ofrecer una versión manipulada de los hechos y a tratar de eliminar las pruebas, sino que en los siguientes días se dedicó a atacar a la víctima -miembro de la Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes-, alcanzando niveles insospechados cuando el Sindicat de Policies de Catalunya señaló que «dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos retrovirales», una referencia a la medicación contra el VIH que indignó a la comunidad LGTBI.

Los Mossos d'Esquadra e Interior, de nuevo en el punto de mira

Este nuevo escándalo ha vuelto a poner encima de la mesa los numerosos excesos de la Policía catalana, así como el manto de impunidad brindado por sus responsables políticos. Después de que el conseller de Interior, Ramon Espadaler, asegurase el jueves no poder «concluir ninguna mala praxis» por parte de los agentes -cuando ya se habían hecho públicos los vídeos, que hablan por si solos-, ayer no tuvo más remedio que suspenderles de empleo y sueldo.

Pero no parece que vaya a ser suficiente, ya que buena parte de la oposición pide ya la cabeza del director general del cuerpo policial, Manel Prat. Pocas cosas son capaces de poner de acuerdo al PP y a la CUP; ésta es una de ellas. Solo el voto de ERC, que se alió con CiU, impidió al Parlament exigir el cese de Prat en el último pleno.

Los hechos hablan por si solos. Sobre los excesos, basta decir que en 2012 cinco personas murieron bajo custodia de los Mossos d'Esquadra; sobre el encubrimiento político, cabe recordar, por ejemplo, que existen hasta cinco versiones oficiales sobre la bola de goma que, según todos los informes médicos, lesionó a Ester Quintana el 14 de noviembre de 2012, provocándole la pérdida de un ojo.

Estos excesos tienen especial incidencia en la comisaría del Raval, donde estaban destinados los ocho agentes ahora imputados y donde numerosas personas han denunciado agresiones y malos tratos. Un malestar reflejado en la nutrida manifestación que el pasado 18 de octubre recorrió las calles del barrio hasta llegar a la comisaría al grito de «Basta de impunidad». B.Z.

suspendidos

Pese a que el jueves el conseller de Interior, Ramon Espadaler, dijo no poder «concluir ninguna mala praxis» de los agentes, ayer se vio obligado a suspender de empleo y sueldo a los ocho imputados.

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