El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona decidió ayer imputar a los ocho agentes de los Mossos d'Esquadra implicados en la muerte de José Andrés Benítez, fallecido el pasado 6 de octubre en el Hospital Clínic de la capital catalana, después de recibir golpes, puñetazos y patadas por parte de los agentes que supuestamente trataban de detenerle. La juez instructora les imputó, además, por delitos graves como el de atentado «contra la vida y/o contra la integridad física», así como por un delito «contra la integridad moral».

Para rememorar lo sucedido, basta con seguir, punto por punto, el elocuente auto judicial, basado en los testimonios orales y audiovisuales aportados por vecinos y testigos, que contradijeron desde el primer el día la versión oficial ofrecida por el Departamento de Interior. Según esta versión, los agentes se vieron obligados a reducir por la fuerza a un alterado Benítez, que en el momento en que llegaron los mossos estaría peleándose con un vecino de la calle Aurora.

Frente a esta versión, los vecinos señalaron desde el primer momento que para cuando llegaron los primeros mossos la pelea ya había concluido y que Benítez no presentaba nada más que alguna herida superficial. Fue entonces cuando, al negarse a ser identificado por los agentes, estos se abalanzaron sobre él, propinándole numerosos golpes, puñetazos y patadas. Así lo recoge el auto -en el que también se retiró la imputación a la persona con quien se había peleado Benítez-, que indica que «los agentes no se limitaron a efectuar maniobras de reducción».

Así lo atestiguan, además, algunos vídeos grabados por vecinos y publicados en las últimas semanas por varios medios de comunicación, en los que se observa claramente cómo los mossos propinan una paliza a Benítez, que profería unos «estreme- cedores lamentos y gemidos, aparentemente agónicos», según se lee en auto, en el que se añade que dichos gritos «fueron decreciendo en intensidad hasta desaparecer por completo en un determinado momento, prosiguiendo las agresiones una vez cesaron los gritos».

El auto también se basa en las conclusiones del informe elaborado por la Policía española, a la que la juez encargó la investigación de los hechos, y en el informe preliminar de la autopsia, que califica la muerte de Benítez de violenta y de «etiología médico legal homicida», y establece como causa del fallecimiento «múltiples traumatismos sobre la región cráneo facial».

Obstrucción y coacciones

El auto, además, no se limita a la agresión a Benítez, sino que imputa también a los ocho agentes «por los ilícitos de obstrucción a la Lusticia y de coacciones». Tal y como habían denunciado algunos vecinos, la jueza incluye en su escrito que «Agentes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra ordenaron que destruyera las imágenes que había filmado» a una vecina de la calle donde se produjeron los hechos. En este sentido, también se puede leer que «un agente hizo desaparecer la mancha de sangre que quedó en el suelo, tras retirarse el cuerpo inerte del Sr. Benítez, vertiendo agua sobre ella, antes de que los servicios municipales de limpieza actuasen sobre la zona».

Pese a que la juez no habla de ello, la actuación policial posterior a la paliza a Benítez no se limitó a ofrecer una versión manipulada de los hechos y a tratar de eliminar las pruebas, sino que en los siguientes días se dedicó a atacar a la víctima -miembro de la Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes-, alcanzando niveles insospechados cuando el Sindicat de Policies de Catalunya señaló que «dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos retrovirales», una referencia a la medicación contra el VIH que indignó a la comunidad LGTBI.