La sombra del clientelismo jelkide en Bizkaia asoma en las irregularidades
En el último lustro, especialmente a raíz de que terminase el apartheid político hacia la izquierda abertzale, se suceden las denuncias de irregularidades en consistorios vizcainos. Lemoa, Bakio, Lezama, Zaldibar, Alonsotegi, Bermeo, Errigoiti, Zierbena, Karrantza y Leioa son algunos municipios alcanzados, según diversas fuentes, por la sombra de un supuesto entramado clientelar de familias vinculadas al PNV.
Agustín GOIKOETXEA |
Juzgados u órganos de fiscalización como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) investigan distintas denuncias sobre la gestión en consistorios vizcainos. En medios de comunicación, foros institucionales y sedes judiciales se tratan y abordan diferentes irregularidades que se han cobrado escasas víctimas políticas, a pesar de que en la mayoría de los casos los implicados son militantes de la misma formación, el PNV.
En ese contexto ve la luz ``Jóvenes Burukides Bizkainos. Clientelismo y `fontanería' en el PNV'', un libro de Ahoztar Zelaieta en el que este periodista investiga un compendio de delitos contra la Administración pública y su Hacienda, procesos judiciales por corrupcion y financiación irregular relacionados con el partido que lidera Andoni Ortuzar, así como con empresas privadas ligadas a destacados militantes, familiares y simpatizantes del PNV. «El clientelismo como modus vivendi de un grupo de jelkides con similar modus operandi», apuntan desde la editorial Txalaparta, que presenta esta novedad para la Azoka de Durango.
Zelaieta, que participó en el equipo de investigación de ``Egin'' y fue editor de la revista ``Ardi Beltza'', aclara desde el principio de su trabajo que lo abordado en esta publicación es «la punta del iceberg de un entramado clientelar de familias del PNV». Según se desprende de la documentación oficial recabada por el periodista, esta estructura se compone «de varios apellidos con pedigrí en el PNV, cuya iniciativa privada tiene como principal cliente a la Administración pública vasca».
El periodista advierte que, «a través de la agenda oculta de la elite política que colisiona con una supuesta igualdad de oportunidades, algunos hijos de burukides y varios miembros del Bizkai Buru Batzar (BBB) han convertido esta relación clientelar en su modus vivendi». En su trabajo, Ahoztar Zelaieta limita el estudio a un número reducido de miembros del BBB, algunos hijos de burukides y destacados Jóvenes Burukides Bizkainos que se engloban en la conocida etiqueta ``JoBuBi''.
La familia Atutxa
En ese supuesto entramado destacan las empresas de la familia de Juan María Atutxa, «con adjudicaciones de contratos públicos que rondan los 40 millones de euros». Sobresale Asier Atutxa, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; su hermano Iskander, implicado en un proceso judicial sobre delitos contra la Administración pública; y la hermana del que fue presidente del Parlamento de Gasteiz y consejero de Interior, María Ángeles, además de su sobrino menor Jon.
Los negocios de la familia Atutxa -según la investigación- se diversifican entre la construcción, la arquitectura, la ingeniería y la gestión de residencias, siendo su principal cliente, tal y como esas firmas publicitan, la Administración pública vasca. Un juzgado de Gernika, por ejemplo, investiga 22 contratos adjudicados a empresas privadas del arquitecto municipal de Bakio, que no es otro que Iskander Atutxa. Se trata de 16 contratos facturados a ese ayuntamiento por Iskander Atutxa Mendiola Zalduegi Estudioa y seis más de Arkigest Estudioa, propiedad suya.
Arkigest ha asesorado a consistorios como Zaldibar, Bakio y Lezama, donde se han generado grandes controversias con asuntos urbanísticos que han terminado en los tribunales. Pero los intereses de la familia Atutxa no se limitan a la construcción de iniciativa privada y a las obras públicas, ya que a Asier e Iskander se les asocia a compañías que se dedican a servicios de asistencia social, sanitaria y gerontología.
Zelaieta destaca a María Ángeles Atutxa Mendiola, hermana del actual presidente de la Fundación Sabino Arana, como «pionera en contratos en obras públicas» desde hace «más de 20 años» y «vinculada a Construcciones Ekin SL». Esa firma, según se recoge en el libro, obtuvo muchas adjudicaciones en su localidad natal, Lemoa, pero también en Lemoiz, Berriatua, Basauri, Ugao o la Diputación vizcaina y el Ejecutivo de Lakua.
Lemoa es sin duda otro de los nombres propios del modo de gobernar del PNV. Tras haber dirigido el Ayuntamiento desde 1979, Bildu se hacía en mayo de 2011 con la Alcaldía y comenzaba a sacar a la luz aspectos oscuros de la gestión jelkide, como el txoko «clandestino» encontrado en unas dependencias municipales, los 16.000 euros gastados en puros y los 48.000 en «cenas de compromiso». El escándalo hizo que el Bizkai Buru Batzar pidiera disculpas, al tiempo que el exalcalde Jabier Beobide entregó su carné al partido. Hoy en día quedan muchos aspectos por aclarar, vinculados al ámbito urbanístico.
Ocupan varias páginas los negocios de Nagore Ardanza, hija del que fue lehendakari, en Idoki, una empresa dedicada a la investigación y desarrollo experimental en biotecnología que ha recibido en los últimos cinco años más de dos millones de euros en ayudas y subvenciones de distintas administraciones públicas. La aludida en el libro es una de las pocas que contestan a los requerimiento del autor, al contrario que Sabin Etxea, que no lo hace.
Otros burukides con intereses privados son, por ejemplo, Gotzon Bilbao, responsable de Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak SL, con más de una treintena de contratos con ayuntamientos desde 2000; o el que fue alcalde de Mundaka y actual diputado vizcaino de Presidencia y portavoz foral, Unai Rementeria. También se cita en el libro de Zelaieta a Asier Arzalluz, hijo del que fue líder carismático jelkide, al hilo de una trama de supuestas irregularidades ligadas al número dos del PNV en Araba, Alfredo de Miguel, al igual que la del exedil de Leioa Iñaki San Juan.
«BakioDor»
Hay que citar también al que fue alcalde de Bakio, el jelkide Txomin Renteria, municipio costero en que a partir de 2006 se instaló el foco mediático tras la labor de denuncia de vecinos, ecologistas y oposición municipal. «Alguien pensó que aquello se podía convertir en el Zarautz de Bizkaia y toda la maquinaria del partido se puso manos a la obra» para edificar 1.900 nuevas viviendas en una localidad con escasos 2.500 habitantes censados. Todo iba a empezar con la operación de Ohija, unos terrenos encima del biotopo de San Juan de Gaztelugatxe, donde se iba a construir 436 viviendas de lujo y un campo de golf.
«Hoy por hoy -comenta el periodista-, Bakio se enfrenta a una deuda de seis millones; son 2.700 euros por vecino. El PNV trata de remontar la situación que su partido ha creado a base de créditos con entidades financieras y Diputación». Ahoztar Zelaieta deja entrever que las decisiones que afectan a esa localidad no las adopta ni la Junta Municipal del PNV local ni el actual alcalde, Aitor Apraiz.
En Bakio se contrataron desde 2004 los servicios como arquitecto municipal de Iskander Atutxa y de las empresas bajo su control. A su vez, la ejecución de las obras proyectadas fue «a sociedades controladas por influentes familias del PNV como los Atutxa, Urrutikoetxea y Olabarri». Hasta el secretario del Ayuntamiento, desvela, redactó varios informes advirtiendo de posibles irregularidades en caso de contratar sin garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia de empresas.
De tal magnitud es la implicación de personas vinculadas al PNV que el titular del juzgado de Gernika que investiga las irregularidades nombró a la Guardia Civil como Policía Judicial, en vez de apoyarse en la Ertzaintza.
Uno de los municipios que han tenido que ser rescatados por la Diputación vizcaina tras una gestión jelkide poco transparente es Alonsotegi, localidad natal del actual inquilino de Ajuria Enea. Al igual que Bakio, su consistorio está muy endeudado -su déficit ronda los 7,3 millones de euros- tras importantes operaciones inmobiliarias impulsadas por el PNV, con informes contrarios de la interventora y economista municipal.
En las graves irregularidades denunciadas están implicados tres alcaldes: Gabino Martínez de Arenaza, actual director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación vizcaina; Aitor Santisteban; y José Luis Erezuma, socio de la empresa de jets privados Bilbao Bizkaia Airlines SL. El de Alonsotegi es un caso más, aunque grave viendo la dimensión de la deuda y de la localidad afectada.
En las conclusiones, Ahoztar Zelaieta confiesa que «durante la investigación, cuando más se abría el objeto del estudio, las ramificaciones de los casos de clientelismo y corrupción vinculados al PNV derivaban de Bakio a Alonsotegi, de Bizkaia a Gipuzkoa y Araba, de Euskal Herria a distintas comunidades autónomas del Estado español, de Urdaibai a las Islas Canarias, de Iurreta a Sicilia, de Bilbao a Nueva York...»
A pesar de los intentos del autor por contrastar con distintas fuentes jelkides las diferentes informaciones recogidas en la publicación, la respuesta del PNV, al tiempo de enviar el libro a la imprenta, fue el silencio más absoluto. Asimismo, se instó al PSE a que opinase, contestando al igual que los jeltzales. El periodista lo intentó «con ánimo de contrastar más las informaciones y ofrecer al lector otros elementos de valor con los que formarse un criterio sobre el contenido. Nunca -aclara- como estrategia de marketing o táctica de defensa jurídica». A.G.
Entre los nombres que suenan como miembros de los Jóvenes Burukides Bizkainos (JoBuBi) se encuentran Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar, José Luis Bilbao, Asier Atutxa, Unai Rementeria, Itxaso Atutxa, Aitor Esteban, Iñigo Iturrate, Koldo Mediavilla e Iñaki Goikotxeta.
Nagore Ardanza, hija del que fue lehendakari, es una de las escasas personas que se citan en el libro que ha aportado su versión sobre los apoyos en forma de ayudas y subvenciones millonarias que ha recibido su empresa, Idoki, en los últimos años.
El libro que será presentado en la Azoka de Durango recoge informaciones periodísticas y judiciales sobre sendos casos de corrupción ligados a cargos del PNV en Araba y Gipuzkoa. Se trata de los conocidos como «caso De Miguel» y «caso Bravo».
