BILBO
«Hemos atravesado por un proceso similar y sabemos que la responsabilidad de llevar a puerto el proceso político está sobre la sociedad vasca», subrayaron ayer Mauna McCrory y Lily Fitzsimmons, madres de ex presos irlandeses, en Bilbo. En una comparecencia con familiares de presos vascos y representantes de Etxerat, McCrory y Fitzsimmons saludaron la iniciativa de ETA y explicaron su experiencia en el proceso consolidado en Irlanda con la firma de los Acuerdos de Viernes Santo en 1998, proceso en el que «se han producido grandes avances, pero en el que quedan todavía muchas cuestiones por solucionar. La frustración en nuestro pueblo se debe a la actitud de los gobiernos británico e irlandés, que están permitiendo a los partidos políticos unionistas ralentizar y poner obstáculos en este proceso».
En base a su experiencia auguraron en Euskal Herria un camino de «obstáculos» y de avances en consonancia con la presión social, implicación que consideraron importante. «Habrá obstáculos, especialmente desde las fuerzas de la derecha política en España, y habrá muchas dudas, pero también habrá avances y su calado y velocidad dependerán de la fuerza y determinación del movimiento vasco», destacaron.
«Los presos tienen derechos»
Manifestaron que «el pueblo irlandés apoya el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación» y expresaron el «gran sentimiento de solidaridad» conEuskal Herria que existe. Participantes en los comités de acción de familiares y en el Comité Nacional de los Bloques H que trabajaban por el reconocimiento del estatus político de los presos irlandeses, McCrory y Fitzsimmons expresaron su respaldo a las reivindicaciones de los familiares de los prisioneros vascos, a la demanda de que se respeten sus derechos, porque «los presos políticos y sus familiares tienen derechos y un papel muy importante que jugar en cualquier proceso de resolución del conflicto».
Esta exigencia es una de las reclamaciones de Etxerat, que el domingo reunió en asamblea de urgencia en Biarritz a 800 familiares bajo el lema «Etxean nahi ditugu» y que concluyó con un doble llamamiento dirigido a los estados español y francés para que «dejen de lado esa política obstruccionista, violenta y criminal», y a los agentes y a la sociedad vasca para que «trabajemos juntos para presionar a esos estados y poder materializar esa más que ansiada solución yendo a las causas que originaron el conflicto».
Estanis Etxaburu y Agurtzane Alkalde subrayaron que «necesitamos a todos en casa de inmediato» y reclamaron que se les aplique el estatus político para que tomen parte en «un verdadero proceso que culmine en una verdadera solución», una resolución política y democrática que «no deje ningún resquicio para que puedan volver a existir presos, exiliados y nuevos familiares».
Los representantes de Etxerat calificaron de inadmisible que se hable de «acercamiento» y de «políticas penitenciarias flexibles» en las actuales circunstancias.
Consideraron, así, que se acabó ya «la privatización y clasificación de los derechos humanos, patrimonializar y graduar el sufrimiento. Se acabó mirar hacia otro lado ante esa evidente violencia política y criminal que nos hiere y nos mata. Se acabó decir que la dispersión no es más que alejamiento, la dispersión es la muerte para nosotros y nuestros familiares presos y no admitiremos que nadie nos dé lecciones de sufrimiento y dolor».
Manifestaron, en este contexto, que no aceptarán que «ninguna autoridad menosprecie» la dispersión y anunció que han adquirido el compromiso de «ponernos firmes» ante quienes apuesten por el mantenimiento de este conflicto.
Tras indicar que éstos son «tiempos de responsabilidad», sintetizaron su apuesta en que «se repatríe a ese colectivo de nuestros familiares y allegados presos dueños de todos sus derechos, su estatus político, para construir el futuro de una EuskalHerria sin presos ni exiliados ni familiares».
Ratificaron, además, su compromiso de trabajar por una solución definitiva que conlleve la desaparición de Etxerat. «Aún a día de hoy, a nosotros nos va la vida en ello», subrayaron Etxaburu y Alkalde.
IRUÑEA
Representantes de Etxerat tuvieron ocasión de aportar ayer al Parlamento navarro datos sobre la situación de los presos y las consecuencias de la dispersión. En su comparecencia en la llamada «ponencia sobre el estudio de las condiciones de reclusión de las personas encarceladas desde la perspectiva de su reinserción social», Hilargi Jaunarena y Gotzon Zabaleta subrayaron la necesidad de acciones concretas. A su salida, a preguntas de los periodistas, Jaunarena admitió que la respuesta «ha sido de indiferencia en general. Sólo dos portavoces han hablado para hacernos algunas preguntas de tipo técnico. Otros no sabemos ni si se han enterado».En la comparecencia se expuso que hay entre rejas 644 vascos por motivos políticos, de los que 79 son nacidos en Nafarroa Garaia pero sólo uno está en la cárcel de Iruñea. Expusieron además que dieciséis familiares y amigos han muerto «sólo por intentar realizar su derecho a comunicar con los presos» y que 22 más han perdido la vida en las cárceles. Y resaltaron las firmas reunidas por el Foro de Ibaeta.
En la sesión no hubo alusiones a la situación creada tras el alto el fuego de ETA. Jaunarena recordó que la comparecencia estaba fijada de antemano y, ante una pregunta de los periodistas, la consideró normal: «Es lo que tienen que hacer. En el Parlamento tienen que tener reflejo las denuncias de la sociedad. Lo anormal sería lo contrario».
Familiares se concentraron ante la Cámara para respaldar a sus representantes, arropados también por Batasuna, que subrayó que esta institución «tiene gran responsabilidad».
