El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las organizaciones empresariales y las centrales sindicales UGT y CCOO se disponen a estampar su firma en la nueva reforma laboral. El acuerdo puede rubricarse el próximo día 9 y, de no mediar cambios de planes, el Gobierno lo aprobará vía decreto-ley. Un sistema similar empleó en el Estado francés el Gobierno conservador para aprobar el CPE, «contrato basura» que luego debió enterrar Dominique de Villepin, debido a la oleada de protestas en las calles. La fórmula de aprobar unas medidas de gran incidencia en la vida social y ciudadana hurtando el debate no parece muy de recibo, y menos cuando se ha censurado al PP por hacer lo propio con su reforma de 2002.

Por lo demás, de lo trascendido sobre el acuerdo cerrado tras un año de negociaciones la primera consideración que cabe hacer es que no defrauda expectativas. Cuando desde el Gobierno y la patronal se ha hecho causa común para «estimular el empleo estable manteniendo la flexibilidad del mercado del trabajo», la reforma resultante no podía, y no lo hace, poner en peligro el modelo de temporalidad y subcontratación imperantes.

El ingrediente estrella, a ojos de los sindicatos, del nuevo pacto es el que obliga a los empresarios a hacer fijos a aquellos trabajadores temporales que hayan acumulado, mediante contratos temporales, dos años en una misma empresa ­en un periodo de 30 meses­. Sin embargo, ese impulso a los contratos indefinidos se compensa sobradamente al poder optar el empresario por formalizar la relación mediante un contrato de fomento, con lo que el eventual despido del trabajador le saldrá más barato, al tener que pagar 33 días por año trabajado y no los 45 estipulados hasta ahora en el contrato indefinido ordinario. La fórmula promete servir al Gobierno español para encubrir una tasa de temporalidad que es la más alta de la UE (34,4%), lo que no equivale a crear empleo de calidad, al fomentarse el contrato indefinido con despido a bajo coste. Por lo demás, la reforma aumenta las subvenciones a los empresarios y reduce sus cotizaciones al fondo desempleo y al Fogasa, todo ello sin plantear obligaciones respecto a inversiones en desarrollo tecnológico y en mejora de la seguridad.

En definitiva, una reforma de bajo perfil social y que, en lo que afecta a Euskal Herria, no goza de legitimidad democrática al emanar de un marco estatal en el que no cuenta la mayoría sindical vasca. -