ZAMUDIO-BILBO
Eran cerca de las diez de la mañana cuando cinco vehículos todoterreno de la Guardia Civil, así como un vehículo camuflado, aparecían en Julemendi Kultur Elkartea de Zamudio para proceder a la clausura, ordenada por el juez español Fernando Grande-Marlaska. Dos horas antes, una decena de personas ya estaba aguardando la llegada de los agentes. Estos bajaron de los Patrol «con metralletas en la mano y amenazando» a los presentes, según informaron a GARA testigos presenciales.
Los guardias civiles identificaron a todos los presentes, y preguntaron por el responsable de la herriko taberna, pero nadie accedió a abrirles la puerta en un principio. Después de que los agentes les amenazaran diciendo que «o destrozamos la puerta, o la abrís vosotros», decidieron decantarse por esta segunda opción.
Los congregados, que profirieron gritos y mostraron pancartas en denuncia de la clausura, preguntaron a la Guardia Civil por qué quería entrar al interior del local, subrayando que «para precintarlo, eso no es imprescindible». Los agentes argumentaron que querían comprobar si las instalaciones de agua, gas y electricidad estaban cerradas. Finalmente, accedieron al local acompañados por un vecino.
Mientras tanto, las personas que se hallaban fuera del local tuvieron que alejarse unos veinte metros de la puerta por orden de la Guardia Civil. Media hora más tarde, Julemendi Kultur Elkartea quedaba precintada.
Agencias de comunicación españolas informaron que la Guardia Civil se incautó en el local de una caja con documentación, cuestión que los testigos desmintieron: «No se han llevado nada, porque no había nada en el interior», aseguraron al tiempo que precisaron que la citada caja era la que trajeron los propios agentes y en cuyo interior llevaban el material utilizado para el precinto.
Puntualizaron, además, que la Guardia Civil efectuó el precinto sin cobertura alguna de la Ertzaintza, aunque en el auto judicial el magistrado Grande-Marlaska ordenaba al Departamento de Interior de Lakua que la Policía autonómica diera «cobertura» a la Guardia Civil durante la ejecución del auto.
Interpelando a la alcaldesa
Una vez consumado el cierre, dos personas se dirigieron hasta el Ayuntamiento y se personaron en el despacho de la alcaldesa Sorkunde Ayarza (PNV) para instarle a que se posicionarse sobre lo acontecido en esta localidad durante las últimas semanas. Ayarza les conminó a abandonar el edificio consistorial, ante lo cual le respondieron que «el Ayuntamiento no es sólo suyo, sino que es de todo el pueblo».
También le recordaron que dos personas han perdido su puesto de trabajo a raíz de la clausura. La primera edil, al igual que durante el pleno celebrado la víspera, optó por lavarse las manos.
Ya por la tarde, unas 150 personas se manifestaron bajo una intensa lluvia tras una pancarta con el lema «Errepresioa ez da bidea. Konponbide demokratikoa EuskalHerriarentzat». Este mediodía, los integrantes de la junta directiva, que la pasada semana tuvieron que comparecer en la Audiencia Nacional, ofrecerán una rueda de prensa ante la ya clausurada herriko taberna. A las 13.00 arrancará desde ese mismo lugar una nueva manifestación para denunciar el cierre.
«Un responsable: el PSOE»
Desde Batasuna, el mahaikide Mikel Etxaburu denunció la decisión judicial y subrayó que «estos ataques no son hechos aislados, no son casualidades, no se realizan sin control. Tienen detrás un responsable: el PSOE». El representante independentista consideró que «esta estrategia represiva y todos estos acontecimientos demuestran que el PSOE y el Gobierno de Madrid están haciendo muy mal las cosas».
Etxaburu resaltó que «la izquierda abertzale dice todo esto porque está actuando con la responsabilidad que exige la situación. El PSOEcontinúa por el camino equivocado y debe desactivar cuanto antes toda su línea represiva».
Por su parte, ANV manifestó respecto al cierre que en su «particular verificación del alto el fuego se enciende otra luz roja. Los españoles siguen con su peculiar manera de encaminarse hacia un supuesto proceso de paz. Es la forma que tienen de pregonar a los cuatro vientos que el Estado no está en tregua». Para esta formación abertzale, la decisión de Grande-Marlaska supone «una burla descarnada a la sociedad» que «pone en peligro cualquier posible acercamiento hacia la solución del conflicto».
Desde Askatasuna, Julen Larrinaga resaltó la represión que se está sufriendo en Bizkaia durante las últimas semanas, con detenciones, denuncias de torturas, cierre de locales, comparecencias en la Audiencia Nacional y numerosos controles de la Guardia Civil.
El representante del organismo antirrepresivo apuntó que «no es posible solucionar el conflicto mediante vías democráticas mientras que en EuskalHerria se vive en un estado policial».
Larrinaga se refirió a las palabras de Josu Jon Imaz y José Luis Rodríguez Zapatero la víspera «primero la paz y luego la política», para responder que «primero terminar con la imposición política y luego dar sin miedo la palabra al pueblo».
Respondiendo al llamamiento de Askatasuna para movilizarse en Bizkaia contra las actuaciones represivas de las últimas semanas, en Durango se concentraron 220 personas, en Lekeitio 80, en Galdakao 64, en Leioa 42, en Elorrio 30 y en Berango 22.
