Se investigarán las irregularidades en el Canal de Navarra
·Un Juzgado de Zaragoza ha admitido la denuncia de Aralar respecto al tramo 3
La sección de Policía Judicial de la Policía Foral investigará las supuestas irregularidades en el tramo 3 del Canal de Navarra. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Zaragoza, a raíz de la denuncia que interpuso Aralar el pasado mes de febrero.
IRUÑEA
El hecho de que haya sido un Juzgado de Zaragoza el que ha ordenado la investigación de las presuntas irregularidades en el tramo 3 del Canal de Navarra, que discurre entre Elo (Monreal) y Tiebas, se debe a que la denuncia de Aralar se formalizó finalmente en la capital aragonesa por encontrarse ubicada allí la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro.La denuncia de Aralar se fundamenta, básicamente, en que en dicho tramo se construyó un vaso del Canal menos profundo y más estrecho, y a pesar de ello su coste ha sobrepasado lo presupuestado en el proyecto de obra.
Empresa vinculada al PP
Este desvío presupuestario fue reconocido por el propio Gobierno de UPN-CDN, que estimó un sobrecoste del 8,75% sobre la cantidad pactada con la empresa constructora, una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por ACS, Harinsa y Navasfalt.Como es conocido, ACS es propiedad de Florentino Pérez, ex presidente del Real Madrid y empresario vinculado al PP. Se da la circunstancia de que el Gobierno presidido por Miguel Sanz no reconoció que se había producido este desvío presupuestario hasta que surgió la noticia en los medios de comunicación. Otras formaciones políticas estimaron que dicho desvío había sido mucho más elevado, barajándose porcentajes que oscilaban entre el 14 y el 25%. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Zaragoza reclama ahora, mediante una providencia dictada el pasado 27 de setiembre, que el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Canasa (encargada de la adjudicación, gestión y liquidación de las obras), la entrega de toda la documentación relativa al tramo 3 del Canal de Navarra. De esta forma, el juez admite las solicitudes de prueba que pedía Aralar y abre una investigación formal para determinar las circunstancias que concurrieron en el cambio del proyecto inicial. Este cambio supuso un incremento de gastos que, según diversas fuentes, oscila entre los 4,5 y los 6,9 millones de euros.
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