BILBO
«Mientras el capital financiero se jacta de acumular grandes beneficios en referencia a 4.457 millones de beneficio de BBVA y a los 4.947 del Grupo Santander, 900.000 personas en Euskal Herria viven con ingresos inferiores a 804 euros», denunció ayer Elkartzen.
Integrantes de esta plataforma por los derechos sociales y contra la exclusión social en Euskal Herria criticaron el actual modelo de reparto de la riqueza y reclamaron «unos presupuestos participativos y que repartan la riqueza, como instrumento para poner freno al modelo precario que se nos impone». Señalaron que «cada vez generamos más riqueza entre todos y podríamos vivir mejor. Lo que no nos dicen Ibarretxe y Sanz es que esa riqueza cada vez se reparte peor», indicaron.
Para afrontar esta situación, Elkartzen solicita a los distintos grupos de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea que «tomen en cuenta las demandas de los grupos sociales como primer paso en la elaboración de unos presupuestos participativos». Les pide que elaboren unas cuentas públicas que garanticen el acceso a la vivienda de toda la población, para lo que reivindica impulsar el alquiler acorde a los ingresos de los inquilinos y optimizar la utilización del parque de vivienda vacía y exige que todas las promociones de vivienda proyectadas para 2007 se destinen a alquiler social.
Reclama unos presupuestos que garanticen unos ingresos dignos por encima del umbral de la pobreza, para lo que apelan al criterio de la OCDE (50% de la renta media disponible en el territorio); partidas para asegurar esos ingresos y que en 2007 se eleve la cuantía de las pensiones hasta el umbral de la pobreza (804 euros al mes).
Demanda también que garanticen unos servicios sociales públicos de calidad y demanda partidas presupuestarias para asegurar el acceso de todos a una sanidad y a una educación de calidad, así como para asegurar plazas de guardería suficientes y articular los servicios necesarios para atender a las personas dependientes.
Elkartzen rechazó el argumento de que «no hay dinero» e invitó a destinar a asegurar los derechos sociales «todo el dinero del TAV y de otras infraestructuras que están imponiendo un nuevo modelo precario y que son innecesarias para la inmensa mayoría». Recordaron que se baraja la cantidad de 6.000 millones y subrayaron que con ese dinero «se podrían rehabilitar más de la mitad de las viviendas vacías que existen en Euskal Herria y destinarlas a alquiler; o se podría asegurar que todas las pensiones y prestaciones superen el umbral de la pobreza durante mucho tiempo».
