Felipe Calderón Hinojosa es desde ayer oficialmente el presidente de México. La ceremonia de transmisión de poderes, primero en la residencia oficial de Los Pinos y luego en el Palacio legislativo de San Lázaro, reflejó, tanto en su forma como en su contenido, que no asistimos a una investidura al uso, sino más bien a un acto que consagra la ruptura que este proceso electoral ha causado a la sociedad mexicana.

Las elecciones del 2 de julio dieron lugar a una confusa disputa que impregnó a los distintos poderes del país y que está teniendo unas consecuencias perversas. Si algo cabe reprochar a las autoridades responsables del proceso electoral ha sido el no haber garantizado un recuento de sufragios fiable que permitiera saber a los mexicanos y las mexicanas quién de los candidatos logró más votos y, por lo tanto, está legitimado para gobernar la Unión. Las fuerzas progresistas no aceptaron que Felipe Calderón se autoproclamara ganador de un proceso de elección al que ha faltado transparencia y han mantenido una actitud activa de defensa del que consideran presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante una plaza de El Zócalo abarrotada el aspirante izquierdista recibió, una semana antes, la «banda presidencial» en una ceremonia en la que dio a conocer a las personas que integrarán el gobierno paralelo. Porque, efectivamente, la consecuencia primera del acto de ayer no es ya que Calderón sea investido presidente, sino que su asunción deja al país con dos autoridades. Nace, por lo tanto, el mandato de Calderón bajo una sombra de ausencia de legitimidad que provoca serias inquietudes. Especialmente porque, como se está demostrando en el conflicto de Oaxaca, la debilidad del poder se traduce demasiado habitualmente en el país norteamericano en violencia y represión.

Los tensos momentos vividos en las jornadas previas a la investidura del candidato panista han puesto en evidencia la necesidad de buscar una salida a una crisis que se desata en el proceso de elección de julio pero que es ante todo una crisis de sistema y que guarda estrecha relación con la injusticia y la desigualdad que soportan amplias capas de la población mexicana. Una crisis que se mostró en toda su dimensión con la toma de posesión a hurtadillas en el Palacio presidencial y el brevísimo acto en un militarizado Congreso al que Calderón accedió por la puerta de atrás. -