Barcelona ha sido el escenario elegido para dar a conocer la Iniciativa Jurídica por la Defensa de un Proceso de Paz. Cerca de doscientas personas y nueve entidades vinculadas a la labor judicial suscriben un documento en el que hacen votos por consolidar el nuevo escenario político. Y para ello, consideran esencial que desde el Poder Judicial, del que han emanado en los últimos meses decisiones que han desgastado los cimientos del proceso para la re- solución de conflicto, y también desde el legislativo se actúe de acuerdo al fin mayor de preservar «el derecho a la paz de la comunidad social». Frente a los intentos, en particular del Gobierno español, de justificar las embestidas contra la izquierda abertzale en el principio de la separación de poderes, y a las declaraciones de personalidades de distintos órganos de la judicatura que resaltan que los tribunales deben actuar «como si no pasara nada», los impulsores de la declaración consideran que jueces y magistrados no deben adoptar resoluciones que obstaculicen el proceso.

No cabe pensar que las personas que apoyan el documento difundido en Barcelona demuestren desapego a la separación de poderes; simplemente, y por emplear un concepto incluido en su escrito, han optado por aplicar el «sentido común», algo que parece del todo conveniente cuando nos encontramos ante la oportunidad de superar un conflicto político que tiene unas consencuencias graves, también para el Poder Judicial. Porque, ¿el sentido común no aconseja acabar cuanto antes con las situaciones de excepción a fin de recuperar un funcionamiento normalizado que permita al Estado español contar con un Poder Judicial homologable al de cualquier estado democrático?

Sin duda, abrir las puertas a un escenario nuevo implica poner en cuestión los instrumentos empleados en el pasado para hacer frente a una situación de conflicto con expresión armada que hoy es posible superar mediante un ejercicio básico de democracia: el compromiso de respetar la palabra de la ciudadanía vasca. La legislación «antiterrorista» española y la política penitenciaria son herramientas de guerra y, por tanto, inservibles para llevar a cabo una transición hacia un escenario que no esté marcado por la fuerza y la imposición.

Sin plantear contrapartidas, sin jugar peligrosamente con los tiempos, desactivar la Ley de Partidos es una decisión de mero sentido común. -