Una iniciativa jurídica pide el fin de la Ley de Partidos y de la dispersión
·150 juristas instan al Estado a tomar esas medidas y a los magistrados a no entorpecer
Jueces, fiscales, abogados o profesores de Derecho de todo el Estado español han suscrito un documento en el que defienden la derogación de la Ley de Partidos y el fin de la dispersión para dar impulso al proceso y desde la convicción de que «no serían concesiones». Además de reclamar reformas legislativas, dirigen una «seria advertencia» a los magistrados que toman decisiones «preocupantes» y que «ponen en peligro el proceso de paz», en palabras del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
BARCELONA
«No se puede permanecer en silencio ante la gestación del proceso de paz», dijo la abogada Gemma Calvet en la rueda de prensa para explicar la motivación que ha impulsado a más de 150 abogados, magistrados, catedráticos de derecho y fiscales a suscribir esta iniciativa.El manifiesto es de ámbito estatal, pero los impulsores escogieron Barcelona para presentarlo porque las dos asociaciones promotoras son catala- nas (Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans y Associació Catalana de Juristes Demòcrates), aunque ya se les han añadido el Grupo de Estudios de Política Criminal, Juristas sin Fronteras, Federación de Abogados Europeos Demócratas, la Comissió de Defensa del Col.legi d'Advocats de Barcelona, la Fundación FICAT, la asociación vasca Res Pública y el Center for Constitutional Rights de Nueva York. Representantes de la mayoría de estas asociaciones estuvieron en la comparecencia. La iniciativa se dirige al ámbito jurídico para pedir responsabilidad en el compromiso por la paz y propone la adopción de iniciativas en el ámbito legislativo, jurisdiccional y penitenciario para lograr la «consolidación de este escenario de paz». Los promotores tienen la intención de presentar en breve la iniciativa al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, al lehendakari Juan José Ibarretxe, al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al presidente del CGPJ, Franciso José Hernando. En la presentación participó el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, para quien el momento actual del proceso es muy delicado porque el Gobierno español aún no ha adoptado algunas medidas necesarias y porque Batasuna «debería adherirse plenamente a la vía democrática». Frente a esta situación, consideró que es necesario un impulso desde el mundo del derecho para conseguir que el proceso sea irreversible. Señaló que la judicatura está actuando de forma contradictoria, pues «con algunas iniciativas lo favorece [el proceso] y con otras lo obstaculiza». Como ejemplo, citó la reciente liquidación patrimonial por parte de la Sala Especial del Tribunal Supremo de las herriko tabernas, pero destacó que Conde-Pumpido ha criticado la decisión. También recordó lo que está ocurriendo con las querellas presentadas en relación a las reuniones con Batasuna. Para conseguir consolidar el proceso, Jiménez Villarejo cree imprescindible que los juristas interpreten las leyes teniendo en cuenta el contexto actual, «que es radicalmente diferente al de 2002 cuando la Ley de Partidos fue aprobada». Merche García Aran, catedrática de Derecho Penal, pidió que la legislación «vuelva a ser normal» después de más de tres años sin muertes por parte de ETA y con un alto el fuego encima de la mesa. «La idea de excepcionalidad nunca es buena para el derecho, pues lo contamina todo y puede alcanzar a cualquier ciudadano», añadió.
La dispersión, un obstáculo
Sobre la política penitenciaria, Jiménez Villarejo lamentó que el Ejecutivo del PSOE no haya hecho ningún gesto de acercamiento de los presos. El ex fiscal, frente a los que afirman que esta medida sería «una concesión», recordó que supondría la estricta aplicación de la legalidad. Si bien consideró que «hace unos años podía estar justificado por el contexto político», ahora, a su entender, la permanencia de la dispersión obstaculiza el proceso.Gemma Calvet y Merche García Aran también se manifestaron contra la sentencia que ha prorrogado la condena a Iñaki de Juana Chaos.
Jueces, fiscales, abogados y catedráticos
En la comparecencia dieron a conocer el listado de impulsores y de aquellos que han suscrito el texto. Entre ellos están, entre otros, juristas vascos como Angel Gaminde, Begoña Biurrun, Nekane San Miguel, Txema Montero y Ruth Alonso. También han llegado adhesiones desde más allá de las fronteras del Estado español. Los apoyos se pueden enviar a «iniciativajuridicaporlapazlatinmail.com». -
«Iniciativa jurídica por la defensa de un proceso de paz»
El derecho a la paz de la comunidad social constituye una obli- gación ineludible de los poderes públicos que, más allá de in- tereses partidistas o electoralistas, debe articularse desde una clara razón de Esta-do. En este momento se hace imprescin- dible una posición clara y determinan- te de las instituciones en las que el ámbito jurídico no puede sustraerse, sino que de- be asumir sus res- ponsabilidades en un compromiso social por la paz.Las personas y en-tidades del mundo del derecho que firman este manifiesto, a partir del cese de una situación excepcional y con el fin de lograr el avance de la con-solidación de este escenario de paz, pro-ponen: 1.- La necesidad de obtener el compromiso de todos los sectores involucrados en el conflicto de aceptar las vías democráticas y el respeto de los derechos humanos como única forma de alcanzar la paz. 2.- La adopción de las siguientes iniciativas jurídicas: Legislativas La derogación de la legislación y norma- tiva excepcional en materia de terroris- mo y la recuperación de la legislación or- dinaria penal y administrativa en materia de derecho de aso- ciación y participación política, libertad de expresión, protección penal de los derechos y ejecución penitenciaria. Jurisdiccionales Es necesario que las resoluciones de Jue-ces y Magistrados, y las actuaciones de la Fiscalía, se enmarquen en la jurisprudencia consolidada y el sentido común y no constituyan interpretaciones alambicadas dirigidas certeramente a obstaculizar el proceso de paz en general y la reinserción en particular. Penitenciarias El traslado de los presos a los centros penitenciarios del País Vasco, en cumplimiento de la legalidad vigente. Articulación de los mecanismos jurídicos penitenciarios previstos en la Ley Orgánica General Peniten- ciaria y el Reglamento penitenciario de tratamiento digno de los penados por terrorismo y de reinserción sin discriminación. - 18 de diciembre de 2006. Barcelona
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