El Consejo de Europa ha hecho público su segundo informe oficial en relación a las acciones secretas y a todas luces ilegales desarrolladas por la CIA en el viejo continente. Al amparo de las legislaciones especiales impulsadas en EEUU y en numerosos estados europeos tras los atentados del 11-S, los servicios secretos estadounidenses tejieron una oscura red de centros de detención clandestinos a los que trasladaron para ser interrogadas -léase torturadas- a «personas sospechosas de terrorismo».

Si en el primer informe se apuntaban ya claros indicios de consentimiento por parte de determinados estados europeos respecto a los vuelos secretos de la CIA y al establecimiento de esos centros de detención clandestinos, el nuevo informe que firma el senador suizo Dick Marty no deja lugar a dudas: EEUU y la OTAN llegaron a acuerdos para la instalación de esas cárceles secretas. Algunos países de la OTAN, como Italia, han abierto procesos en sus tribunales, aunque en ausencia de los agentes de la CIA; otros, como el Estado español, prefieren mirar a otro lado mientras los aviones de la tortura pasan por su cielo y repostan en sus aeropuertos.