La votación se saldó con 96 votos a favor, provenientes de los partidos que dirigen el ejecutivo, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) del presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el Nuevo Centro. Contra el texto se registraron 22 votos.

La votación de la Cámara Baja precede a la del Senado, que aprobó el proyecto de ley el pasado 19 de julio, y es el paso previo para la adopción del Parlamento de un texto contra el que se manifestaron los sindicatos ferroviarios hace dos días.

Tanto los sindicatos, como los partidos de la oposición, se oponen a la ley de los servicios mínimos en los transportes porque consideran que «atenta contra el derecho de huelga» que recoge la Constitución francesa, al disponer que cada huelguista deba informar a la empresa donde trabaje que hará huelga 48 horas antes de la movilización convocada y porque, tras una semana de paro, los trabajadores tendrán que votar en secreto si deciden continuar o no con la huelga.

Según declaró a France-Info, Didier Le Reste, el secretario de la federación del sindicato más representativo del sector ferroviario, la Confederación General del Trabajo, el resultado de la votación «no es una sorpresa», como tampoco lo es que ésta haya tenido lugar el mismo día en el que el presidente francés pidiera formalmente al ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, acabar con los regímenes especiales de jubilación con los que cuentan los empleados de las grandes empresas públicas.

El fin de esos regímenes especiales de jubilación y la instauración de los servicios mínimos en los transportes son dos de las principales promesas en materia socioeconómica del programa presidencial de Sarkozy.

Los sindicatos, no obstante, ya han adelantado que se espera un «otoño caliente» ante las polémicas medidas.

Con la llamada ley de servicios mínimos no termina el paquete de medias que también aprobó ayer la Asamblea. Así, la Cámara dio luz verde a una serie de dispositivos fiscales destinados a «favorecer el crecimiento económico y el empleo» y que tienen un coste cercano a los 11.000 millones de euros.

La mayoría de derecha respaldado las medidas aprobadas inicialmente por el Gobierno de Sarkozy y que, entre otros aspectos, suponen favorecer las horas extraordinarias, un mejor tratamiento fiscal de los intereses de los préstamos hipotecarios y una amplia reducción del impuesto de sucesiones. También incluye que ningún francés pagará en concepto de impuestos más del 50% de sus ingresos.