La Delegación del Gobierno español en la CAV emprenderá acciones si el Ejecutivo de Lakua no cumple, en un plazo de dos meses, la sentencia del Tribunal Supremo por la que confirma la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ordenando que se coloque la bandera española en la academia de la Ertzaintza en Arkaute. Así lo anunciaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno español, agregando que el Ejecutivo autonómico «tendrá que acatar y cumplir» la decisión del Alto Tribunal.

Sobre este tema se pronunciaron ayer varios dirigentes y portavoces políticos, como la presidenta del PP de la CAV, María San Gil, que compareció ante la prensa por primera vez tras meses retirada de la política para ser tratada de una grave enfermedad. Acompañada de los dirigentes de su partido Carmelo Barrio y Leopoldo Barreda, San Gil afirmó a este respecto que «por encima de todo hay que cumplir la Ley; y por mucho que quiten las banderas, Euskadi seguirá siendo España».

A su parecer, «quitando las banderas, los nacionalistas creen que niegan la pertenencia de Euskadi a España», mientras que el hecho de que la rojigualda no ondee en las instituciones vascas «es una forma simbólica de intentar imponernos la ofensiva nacionalista».

«No está en el orden del día»

También hizo referencia a este asunto el alcalde de Gasteiz, Patxi Lazcoz, del PSE, que afronta en los próximos días sus primeras fiestas como primer edil de la capital alavesa.

Lazcoz, tras la inauguración de una exposición del artista milanés Alessandro Busci, sostuvo que «las resoluciones judiciales y las sentencias están para cumplirlas», aunque opinó que este tema «no está en el orden del día de ningún ciudadano», por lo que expresó su deseo de que «esto no se haga más importante de lo que en realidad es para la propia sociedad».

El alcalde gasteiztarra se lamentó de que «parece que se dedica menos tiempo a afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, y más a este tipo de follones», y señaló que «en cualquier estudio sociológico que se hace se refleja que lo que preocupa a los ciudadanos son cosas como el paro, la estabilidad en el empleo, el coste de la vivienda y el terrorismo».

Por su parte, el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, apuntó que «los sentimientos no se imponen por mucho que una Ley obligue el ondeo de banderas». El dirigente jeltzale, en cualquier caso, tras recordar que la sentencia sólo se refiere a las instalaciones de la Policía autonómica, destacó que «el Gobierno vasco ya ha dicho que cumplirá la decisión del Tribunal Supremo».

Comentó también que hay «otros recursos pendientes» que hacen referencia a este tema, y declaró que «el sentimiento pertenece a cada uno de los individuos y es anacrónico que tengamos que legislar lo que pueda ser la demostración de los sentimientos».

El también presidente del PNV en Bizkaia apostilló que «no es la primera vez que ha habido pronunciamientos sobre estas cuestiones», por lo que «veremos en el tiempo, cuando todavía hay pendientes de resolución algunos recursos presentados por las instituciones, lo que es más conveniente».