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El TAV o cómo no se debe hacer política

Es posible que el proyecto de Tren de Alta Velocidad previese, o esperase, una aprobación parlamentaria y una posterior ejecución más o menos inadvertida, lo cual se antojaba difícil dada la magnitud de esa infraestructura. Sea como fuere, precisamente el intento de llevarla a cabo con total falta de transparencia ha contribuido, gracias a los sectores más sensibilizados y preocupados por el modelo de desarrollo, a que pocos ciudadanos de Euskal Herria sean indiferentes al Tren de Alta Velocidad. Se ha hurtando información a la ciudadanía y negado un debate necesario que a la postre ha de abordar el modelo de desarrollo que desea la sociedad vasca sobre la base de lo posible para que, en rigor, ese desarrollo sea sostenible.

Ayer la Red por un Tren Social en Euskal Herria revelaba que los propios informes del Gobierno de Lakua confirman la pésima política llevada a cabo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en los últimos 30 años. Sin embargo, el TAV y la apuesta por mayor cantidad de asfalto, lejos de corregir esa política, la empeora, amén de condicionar negativamente el desarrollo de una política ferroviaria que satisfaga las necesidades reales.

Una obra de tal envergadura, con un enorme impacto medioambiental y social por la desproporcionada inversión económica que supone, debe contar con el respaldo claro de los ciudadanos a los que, en cualquier caso, les es debida toda la información al respecto. Sin embargo, la labor de información que las instituciones se han negado a hacer ha sido asumida por diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, con un resultado si no sorprendente, sí contundente, traducido también en votos en aquellas localidades donde se han realizado consultas a la población. Las últimas, el pasado domingo en las localidades lapurtarras de Uztaritze y Mugerre, constataron un claro rechazo a una nueva línea de Tren de Alta Velocidad. Es preciso destacar, asimismo, la elevada participación popular en esas consultas, comparable a la de cualquier cita electoral oficial. La implicación social es, precisamente, la gran virtud de ese tipo de iniciativas que, por otra parte, dejan en evidencia cierto modo de hacer política; es decir, cómo no se debe hacer política.

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