Después de que las Juntas Generales de Bizkaia y Araba pidieran la revisión del Plan Territorial Sectorial (PTS) de la energía eólica, ayer el debate se produjo en el Parlamento. Había tres propuestas y varias enmiendas, pero al final se aprobó una enmienda transaccional apoyada por PNV, EA, PSE y Aralar. EB, Ezker Abertzalea y PP se abstuvieron, por considerar insuficiente la propuesta.

Todos los grupos dijeron coincidir en la necesidad de revisar un PTS que se aprobó en 2002 y quedó obsoleto prácticamente dos años después, cuando se aprobó el listado de la Red Europea Natura 2000, que recoge los espacios naturales de especial interés y protección, al haber quedado buena parte de los parques previstos por Lakua dentro de espacios a proteger.

Pero en las propuestas originales de Aralar y PP se añadía la exigencia de paralización de las tramitaciones de los proyectos de creación de parques eólicos hasta la modificación del PTS. A ello añadió Ezker Abertzalea la necesidad de abordar el debate sobre la política energética en su globalidad.

En la enmienda finalmente aprobada se insta a Lakua a elaborar, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, un informe «que desarrolle las principales variables energéticas, identifique los recursos existentes, las ubicaciones previstas para infraestructuras definidas y las posibles, en función de la existencia de recurso, para las no definidas».

Además, Lakua deberá realizar en el plazo de seis meses la revisión y actualización del PTS de la energía eólica. Por último, el Parlamento de Gasteiz insta a que «la autorización de los proyectos que actualmente están en tramitación administrativa se ajuste a los resultados de la revisión y actualización del PTS de la energía eólica».

Los grupos que apoyaron esta propuesta creen que establece las garantías suficientes, pero PP, Ezker Abertzalea y EB no lo vieron así.

Oskar Matute, de EB, pidió ligar el PTS con el Plan General de la Energía de la CAV; por el PP, Laura Garrido se quejó de que lo aprobado ayer por el Parlamento no recoge las demandas de las Juntas Generales de Bizkaia y Araba; mientras que Julián Martínez, de Ezker Abertzalea, criticó que la decisión finalmente volvía a dejar en manos de Lakua «que siga haciendo negocio de la política energética».