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Hiru denuncia la amenaza de sanción «por recomendar un precio justo»

El sindicato de transportistas Hiru denunció ayer el expediente sancionador abierto por el Servicio de Defensa de la Competencia tras una rueda de prensa en la que hizo una «recomendación colectiva de subida de precios». Tildó la medida de «desproporcionada» y resaltó que supone una amenaza con «consecuencias gravísimas», cuya única base es la palabra «recomendación», pese a reconocer que «no importa si la supuesta recomendación» tuvo efecto en el mercado.

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El sindicato de transportistas Hiru calificó ayer de «totalmente desproporcionado» el expediente sancionador abierto por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ejecutivo de Lakua, tras conocer que ha abierto una investigación como consecuencia de una comparecencia ante la prensa en la que «portavoces de Hitu señalábamos la necesidad de aplicar un precio justo por su trabajo para poder seguir sobreviviendo».

Responsables de la organización sindical explicaron que tras confirmar la apertura de un expediente, se reunieron con el entoces presidente del tribunal, Crucelegi, quien les comunicó que el expediente es consecuencia de que realizaron «una recomendación colectiva de subida de precios». Además, señalaron que les comunicó la posibilidad de acogerse a la «terminación convencional», una figura que supone «el archivo del expediente si el sindicato adopta una serie de compromisos para paliar los supuestos efectos sobre la competencia que tuvo la rueda de prensa».

Por «una palabra prohibida»

Puesto el asunto en manos de los abogados, la respuesta del Servicio de Defensa de la Competencia -según indicaron- es «que no es posible una terminación convencional». «Señalan que no existe un perjudicado concreto, sino el conjunto de los consumidores y la propia institución de la Competencia y además nos responden que no importa si la supuesta recomendación que hicimos ha tenido efecto en el mercado», relataron en un repaso cronológico por el procedimiento.

Así las cosas, Hiru ha vuelto a solicitar una «terminación convencional» del expediente, mientras se le ha requerido información sobre su actividad desde 2004, como actas de reuniones, notas de prensa, comunicaciones a los afliados o el propio listado de afiliados.

Los responsables de Hiru, Esteban Muruamendiaraz, Patxi Ugarte y Estitxu Ugarte, incidieron en la desproporción que supone la medida «por una mera cuestión de léxico, por utilizar la palabra recomendar en una comparecencia pública» y añadieron que el propio tribunal reconoce «que no importa el efecto que esas palabras hayan tenido en el mercado, por lo tanto hemos utilizado una palabra prohibida».

El sindicato subrayó que «nunca hemos fijado tarifas, ni precio de transportes de mercancías por carretera ni hemos forzado a nadie a hacerlo de ninguna manera» y resaltó que «no somos ningún cártel». Denunció que, sin embargo, tanto el Ministerio español de Transportes como el Departamento de Transportes de Lakua «no sólo recomiendan, sino que marcan los precios mínimos».

Hiru manifestó que «el daño ya está hecho» y destacó que el expediente ya ha hipotecado su normal funcionamiento. «Nos obliga a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en este asunto, aparcando otros mucho más urgentes e importantes» -recalcó- además de las «gravísimas consecuencias» que puede acarrear.

Hiru se solidarizó con ELA, LAB, CCOO y UGT, también objeto de expediente a instancias del servicio de la competencia. «Creemos que el hecho de que cinco sindicatos vascos nos veamos en el punto de mira de un tribunal creado por decreto del Gobierno vasco no es una mera casualidad», manifestó.

Con la impresión de que «pretenden enfrentarnos a la sociedad»

El sindicato Hiru consideró «incomprensible que en un momento de crisis como la que está viviendo el sector y particularmente los transportistas autónomos, la Administración decida imponernos semejante castigo» y valoró que «ataca frontalmente su actividad» y por extensión «la defensa de un transporte de calidad».

Subrayó al respecto que ese transporte de calidad tiene un precio y explicó a renglón seguido que «un transporte precario, un transporte barato, es un transportista que carga de más, que se come el tacógrafo, que va más rápido de lo debido, que no descansa, que no invierte en su camión, y que provoca accidentes, colapsos y problemas de todo tipo para los usuarios de las carreteras vascas».

Ante esa realidad, los representantes de Hiru reconocieron tener la impresión de que Lakua busca «enfrentarnos a la sociedad, crear animadversión hacia los transportitsas acusándonos sibilinamente de los responsables de las subidas de precios, cuando en realidad nosotros junto al resto de trabajadores somos víctimas de su política antisocial». Por ello, y ante la amenaza de una sanción millonaria, pidieron al Gobierno de Gasteiz que aclare «si está a favor de un transporte de calidad o a favor de la ley del más fuerte».

«Nosotros también somos consumidores», recordó la central, para añadir que si Lakua «pretende engañar a los consumidotres diciéndoles que el pan, la leche o las hortalizas han subido porque los transportistas autónomos ha subido sus tarifas, estará mintiendo miserablemente». GARA

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