Ofensiva contra la izquierda abertzale
Los abogados constatan que las sentencias e ilegalizaciones siguen el dictado de la Policía
Los abogados que han participado en los procesos contra el movimiento pro amnistía, EHAK y EAE-ANV denunciaron ayer que en base a los intereses del Estado español se están «persiguiendo las ideas y la disidencia política». Según señalaron, con las sentencias de ilegalización «se está tratando de lograr la desaparición de un espacio social y político» evitando así «cualquier intervención en la sociedad y en la política de personas que pertenecen a ese espacio».
Manex ALTUNA | BILBO
Los abogados Haizea Ziluaga, Arantza Zulueta, Jone Goirizelaia, Iñaki Goioaga, Kepa Landa y Ainhoa Baglieto comparecieron ayer en el Colegio de Abogados de Bizkaia para hacer una lectura jurídica de las últimas sentencias e ilegalizaciones. Todos los letrados han participado en los procedimientos contra el movimiento pro amnistía o las ilegalizaciones de EHAK y EAE-ANV. En este último caso, estaba prevista la presencia del abogado Iñigo Iruin, pero no asistió por motivos laborales.
El letrado Kepa Landa explicó que con esas últimas resoluciones judiciales «no se persiguen conductas concretas, no se persiguen conductas delictivas concretas ni se está atendiendo a comportamientos individuales ni colectivos concretos». A su juicio, «lo que se está persiguiendo son las ideas políticas y la disidencia política».
Según añadió, en todos estos procedimientos «los esquemas son los mismos» y «en ninguno de ellos se consigue transmitir la existencia de conductas delictivas de ningún tipo, no se lesiona ningún bien jurídico que no sea el interés del Estado de actuar de determinada forma».
Landa señaló también que con todo ello «se está tratando de lograr la desaparición de un espacio social y político» evitando así «cualquier intervención en la sociedad y en la política de personas que pertenecen a ese espacio».
En este sentido, hizo referencia a que la propia actuación de los tribunales españoles deja en evidencia de forma gráfica que no están persiguiendo a ETA, ya que con tanto procedimiento han alargado el nombre de la organización armada con siglas como Ekin, KAS, Jarrai, Haika, Segi, Batasuna...
Sentencias escritas
El letrado de Ezkerraldea dijo que se han anunciado para los próximos meses nuevas causas como la de Udalbiltza contra más de un centenar de personas, y criticó que «van a venir en los mismos parámetros, criterios y previsiblemente con los mismos resultados». «Se anuncian procedimientos cuyas sentencias ya están escritas», recalcó. En este sentido, su compañero Iñaki Goioaga recordó que los procesados en el juicio contra el movimiento pro amnistía denunciaron al comienzo de la vista oral que la sentencia condenatoria estaba decidida de antemano.
Landa se refirió también a su labor, así como a la de sus compañeros en estos procedimientos, e indicó que «queda de manifiesto que no importa lo que se pruebe» en los juicios. «No importa la prueba que se practica, tampoco las leyes, si hace falta se extienden, se retuercen de tal manera que permitan dictar una resolución judicial en la línea que se ha orientado el procedimiento», criticó.
Asimismo, denunció que «el Estado español ha dictado leyes específicas contra la disidencia vasca», que «persiguen cada vez más aspectos sociales».
A su juicio, «todo pasa por los informes policiales», ya que «en la práctica judicial, lo que se hace es seguir las directrices que marcan la Policía y la Guardia Civil». Además, subrayó que «no se admiten las pruebas aunque sean evidentes». Por ello, manifestó que «los abogados ganamos los juicios, pero perdemos las sentencias». Jone Goirizelaia añadió a este respecto que el papel de la defensa se está convirtiendo en «testimonial».
Según explicó Landa, «al sistema político español no le está importando en absoluto prescindir de la apariencia de que esto es un Estado democrático, prescindir de que esto es un Estado de Derecho y de la más básica separación de poderes».
A su vez, puso en evidencia que todo lo que está ocurriendo «es muy grave» ya que «se está dando al traste con todo un sistema de libertades y, en concreto, con las que afectan a muchos de los ciudadanos de Euskal Herria». Landa reclamó que «nadie olvide que este tipo de actuaciones cada vez se hacen más extensivas».
En este sentido, manifestó que se empieza poniendo foco en personas o grupos muy concretos, pero se termina extendiendo a otros» y señaló que «este es un camino de muy difícil retorno y solo existe un medio para enfrentarnos desde un parámetro de libertad y democracia que son precisamente lo que no esta poniendo de manifiesto el Estado español con todos estos procedimientos y actuaciones».
Esperando a Estrasburgo
Los abogados informaron además de que con el objetivo de dar a conocer las últimas decisiones judiciales a la ciudadanía y también al resto de letrados han organizado para el 24 y 25 de octubre jornadas en el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Según explicaron, en las charlas sobre «el derecho a la defensa y legislación y tribunales de excepción» participarán representantes de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) y la asociación vasca Eskubideak.
Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la situación en la que se encuentran las demandas presentadas por procedimientos de ilegalización anteriores como los de Batasuna y agrupaciones electorales, la abogada Jone Goirizelaia destacó el hecho de que han sido admitidas a trámite.
Asimismo, dijo que en estos momentos se encuentran a la espera de conocer si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo toma la decisión de celebrar o no la vista oral.
El abogado Iñaki Goioaga trajo a colación la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra el movimiento pro amnistía y señaló que a tenor de la resolución emitida por el tribunal la rueda de prensa que ofrecieron «es susceptible de ser considerada ilegal como una actividad terrorista y por lo tanto punible».
Goioaga asistió al juicio oral del sumario 33/01 en el que las acusaciones presentaron como pruebas contra los imputados ruedas de prensa y entrevistas en los medios de comunicación.
Por ello, insistió en que, según la sentencia, «cualquier actividad que cuestiona o deslegitima al propio estado supone una actividad terrorista en base a una pretendida rentabilidad o complementariedad con bandas armadas o cuestionamiento del orden político».
El abogado bilbaino indicó que en la sentencia de ilegalización de Gestoras pro amnistía y Askatasuna se ha producido un «salto cualitativo», ya que se produce una criminalización en base a criterios «ideológicos». En este sentido, recordó que uno de los elementos para condenar a 21 ciudadanos vascos es la utilización que hacen como miembros del movimiento pro amnistía del concepto de «represaliado político».
Pero frente a ello, defendió que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con sus decisiones «legitiman un estado policial y una situación de impunidad en la vulneración de derechos fundamentales y de ahí surge el concepto de represaliado». Además, señaló que actúan como auténticos tribunales de «orden público», ya que con sus resoluciones hacen el papel de «fiscalización ideológica y política».
Goioaga aludió también a que en las resoluciones se condena en base a criterios «políticos» por no aceptar el marco constitucional establecido. En su opinión, el resultado es «una criminalización de toda dinámica social, popular y política que cuestione la actividad del propio estado o que plantee la crítica a su propia configuración».
Según denunció, esas sentencias suponen, precisamente, que «desaparece el carácter de un Estado de Derecho y democrático» e incidió que «es curioso que la sentencia deja bien claro que es incuestionable el marco político y territorial».
Asimismo, el abogado criticó que con estas decisiones judiciales se cierran las vías para solucionar el conflicto político de forma dialogada y se apuesta por la represión.
Los abogados señalaron que ante la gravedad de la situación es necesario informar a la sociedad de lo que está sucediendo y han organizado varias jornadas para el 24 y 25 de octubre.
Las charlas se celebrarán en el Colegio de Abogados de Bizkaia y tratarán la cuestión de el derecho a la defensa en tribunales y legalidad de excepción. Representantes de la Asociación europea de Abogados Demócratas (AED) y Eskubideak participarán en las jornadas.
La Audiencia Nacional española ha reactivado la causa abierta contra Arnaldo Otegi por el mitin de Anoeta, en 2004, y el juez ha citado a declarar para el próximo jueves a tres testigos, y a Itziar Aizpurua para el día 16.
