El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ha procesado a 24 personas en el sumario abierto por supuestos pagos realizados a ETA, en el que también estaba incluído el burukide del PNV Gorka Agirre, pero el instructor ha retirado la imputación en su contra, además de las acusaciones que pesaban contra otras diez personas. Entre los imputados se hallan seis diretivos de la empresa navarra Azkoyen, así como los detenidos en junio de 2006, cuando la Policía española entró en el bar Faisán.

Garzón imputa a estas 24 personas delitos de «colaboración o «integración en organización terrorista» y «amenazas», en un auto en el que sostiene que el «aparato de extorsión» de la organización armada «cuenta con una red paralela de personas» que se encargarían «de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregárselas a la organización terrorista». Según el auto del juez, esta «red paralela» estaría liderada por el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, y también estaría integrada por Ramón Sagarzazu y Jean Pierre Haracorene, y les acusa de colaborar con ellos a los también procesados Karmelo Lukin, Emilio Castillo e Iñaki Aristizabal.

Asimismo, Garzón acusa de colaborar «en al menos una ocasión», a Jesús Iruretagoiena, Angel Iturbe, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga. Estas cinco últimas personas están siendo investigadas en un sumario abierto en el Estado francés.

Por reunirse con empresarios

Concretamente, Garzón acusa a Elosua y Sagarzazu de haber participado «en la gestión del cobro a diferentes empresarios». Según este juez, el bar Faisán de Irun «era el lugar en el que solían efectuar los contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA». Como argumento incriminatorio, afirma que Elosua mantenía en su bar contactos «con diferentes empresarios con los que no tenía relación comercial».

Entre los procesados figuran también el ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno Purroy y cuatro ex miembros del Consejo de Administración de esta empresa, a los que acusa de haber pagado a la organización armada 222.374 euros. Junto a ellos, Garzón imputa al ex jefe de contabilidad de Azkoyen Jesús Marco Calahorra.

También imputa por «colaboración» a los constructores José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, a quienes acusa de entregar 54.000 euros.

Por contra, Garzón ha decidido retirar la imputación a once personas, entre ellas a Gorka Agirre, de quien dice que una serie de diligencias, como la declaración en sede judicial del ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, «han desvirtuado en gran medida las imputaciones» que recaían en su contra.