En un intento de lavar la imagen garantista de la Ertzaintza, el 18 de febrero de 2003 el Departamento de Interior anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de dos mecanismos de larguísimo nombre pero nula eficacia: el Protocolo para la coordinación de actuaciones de la Ertzaintza, Osakidetza y el Instituto Vasco de Medicina Legal para la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación y el servicio de atención a los familiares de esas personas.

En efecto, el anuncio se realizó al detener la Ertzaintza a nueve personas, entre ellas tres menores de edad, y la supuesta aplicación del Protocolo no impidió en absoluto que sufrieran idénticos malos tratos y torturas que los detenidos con anterioridad a su entrada en vigor. Y aunque a partir de entonces siguieron pregonando su aplicación, la gran mayoría de los incomunicados ese año por la Ertzaintza denunció haber sufrido un trato horrible por parte de los agentes.

Más tarde, el Departamento de Interior se vio obligado a adoptar otra medida a la que se había resistido durante largos años a pesar de las recomendaciones de prestigiosos organismos internacionales y del Ararteko: la grabación de las personas incomunicadas. Y el hecho de que durante más de cinco años, hasta marzo de 2009, no se produjera ni una sola denuncia de torturas o malos tratos de detenidos por causas relacionadas con el conflicto político (en los cuatro años anteriores las denuncias fueron 112), pareció probar la eficacia de dicha medida.

Sin embargo, cuando la Ertzaintza ha vuelto a torturar impunemente se ha podido comprobar que la única medida preventiva realmente eficaz adoptada por la Ertzaintza durante aquellos años fue sin duda la de no aplicar la incomunicación a personas detenidas. El resto de medidas, incluida la de grabar los interrogatorios y mediante las cámaras situadas en los pasillos de las dependencias policiales, no han sido en absoluto obstáculo para que vuelvan a torturar.

Esta última medida sí que podría ser eficaz si se aplicase con las suficientes garantías, pero tanto el anterior consejero del Interior, Javier Balza, como el actual, Rodolfo Ares, han rehusado siempre realizar esas grabaciones con las garantías mínimas que el Ararteko viene recomendando desde hace ni más ni menos que once largos años.

Ese desprecio hacia una institución a cuyo frente se encuentra Iñigo Lamarca, que ha sido reelegido para el cargo con los votos no sólo de los partidos de Balza y Ares, PNV y PSOE, sino también los del PP, ha quedado más en evidencia que nunca a raíz de la investigación que intentó llevar a cabo el Ararteko sobre las denuncias de torturas interpuestas por varias personas detenidas a principios de año en Ondarroa y sus alrededores.

El Departamento de Interior trató a Lamarca y su equipo de una manera totalmente inaceptable, y basta leer la declaración que emitió el Ararteko al respecto para comprobar a qué extremos de desfachatez son capaces de llegar Ares y compañía incluso con personas que, por otra parte, cuentan con todo su apoyo.

La declaración denunció la actitud obstruccionista del Departamento de Interior hacia la investigación abierta por el Ararteko, que se vio obligado a pedir hasta en cuatro ocasiones los videos con las grabaciones efectuadas a los detenidos, sin resultado alguno. Al final, tuvo que desistir, al considerar que no tenía sentido insistir con las peticiones dada la actitud del Departamento.

No es de extrañar que se negaran con tal obstinación a entregar los videos, dando la absurda razón de que la Audiencia Nacional había abierto diligencias contra los detenidos, pues más tarde un juzgado de Durango que empezó a investigar una de las denuncias de torturas también los pidió y esa vez no tuvieron otro remedio que reconocer que no disponían de dichas grabaciones.

El juzgado tan sólo pidió los videos de los interrogatorios, petición que el Departamento podía haber resuelto fácilmente entregando las grabaciones de los interrogatorios legales, con abogado de oficio. Los ilegales, donde se dan los malos tratos y torturas, no existen y punto. Personalmente estaba convencido de que los legales sí que los habían grabado. Nada más sencillo y eficaz para ellos que hacerlo, y además así lo afirmaron categóricamente: «La Ertzaintza aplicó, en todo momento, el protocolo establecido para los casos de detenciones incomunicadas (...) las declaraciones se realizaron con asistencia letrada y fueron grabadas en video». Pero ha bastado que un juzgado pida por vez primera dichos videos para que queden en la más absoluta de las evidencias, y aparezcan como lo que son: unos mentirosos de tomo y lomo.

También quedaron más que en evidencia con la respuesta que dieron al Ararteko respecto al Protocolo previsto para los supuestos de incomunicación. Ahora resulta que, según el Departamento, «los procedimientos en él recogidos pueden ser modificados o excepcionados si hubiera razones de eficacia u oportunidad que lo indicaran». En otras palabras, que pueden saltarse el Protocolo, cuya eficacia real viene siendo por otra parte nula, pues ni siquiera recoge la visita de un médico de confianza de los detenidos, cuando les dé la gana.

Lo que está muy claro es que ya no guardan ni las formas: dan semejante respuesta al Ararteko; lo ningunean de mala manera; mienten con absoluto descaro... Actúan así con una prepotencia que a primera vista da auténtico miedo, pero que va a volverse en su contra en menos tiempo del que creen. En bastante menos del que hizo falta para que la prepotencia con que actuaron cuando crearon los GAL les terminase por pasar factura. Y si no, al tiempo.