Los supervivientes y los familiares de las once víctimas del ataque del UVF contra el bar Heights en Loughinisland han tenido que esperar diecisiete años para obtener una confirmación oficial de sus denuncias: la Policía norirlandesa -entonces llamada RUC- no realizó una investigación adecuada. Pero el informe emitido por el Defensor del Pueblo ante la Policía norirlandesa, Al Hutchinson, se queda corto a la hora de acusar a la Policía de connivencia con el grupo paramilitar lealista.

Seis personas murieron y cinco resultaron heridas cuando miembros del UVF entraron en el bar Heights, donde los clientes estaban celebrando la victoria de Irlanda sobre Italia en el partido del Mundial de Fútbol de EEUU celebrado el 18 de junio de 1994, y abrieron fuego con sus rifles de asalto. Las seis víctimas mortales eran católicas, entre ellas Barney Green, de 87 años, una de las víctimas de mayor edad en el conflicto irlandés. Se cree que este ataque se produjo en respuesta a una acción del grupo republicano INLA en Shankill Road que se saldó con la muerte de tres líderes lealistas. Nadie fue juzgado por el ataque contra el bar Heights, aunque dieciséis personas fueron detenidas, algunas de ellas en varias ocasiones.

Los residentes de Loughinisland acusaron a la RUC de connivencia con los paramilitares lealistas, y ésa fue la base de la investigación iniciada por Hutchinson, quien recoge en su informe que la investigación oficial «carecía de liderazgo efec- tivo y diligencia en la investigación y le falló a las familias de los muertos y heridos». Pero también apunta que no existían suficientes pruebas para demostrar que estas deficiencias «fueran resultado de un acto deliberado por parte de la Policía de proteger a informantes».

En el informe se recoge que el vehículo usado en el ataque fue destruido por la Policía diez meses después de que este tuviera lugar, que se perdieron informes, que no se investigó debidamente la conexión entre lo ocurrido en Loughinisland y otras acciones paramilitares y que se perdieron evidencias por la ineficiencia policial.

Las familias de las víctimas han criticado el informe de Hutchinson. Moira Casement, sobrina de Barney Green, mostró su enfado ante su contenido. «Creemos que cualquiera que analice las abrumadoras evidencias en este caso con una mente abierta no podría llegar más que a una conclusión: que existió connivencia en el asesinato de nuestros familiares», afirmó.