El robo de unas 200 matrículas de coche que se produjo en Pau y que agencias españolas atribuyeron a ETA citando «fuentes antiterroristas» sirvió a Soraya Sáenz de Santamaría y Gorka Maneiro, portavoces de PP y UPyD, para realizar declaraciones en las que ponían en cuestión el alto el fuego de ETA y reclamaban a Bildu que condenase la sustracción en la ciudad occitana.

Horas después, el ministro español del Interior, Antonio Camacho, que inauguraba una comisaría en Paterna (País Valencià) señalaba que las autoridades francesas no tenían ningún elemento que apuntase a ETA y que la hipótesis que barajaban era que el robo se debía a la delincuencia común. Pese a ello, indicaba que la Policía española investigaría el caso.