Hay coincidencias, o descoordinaciones, que las carga el diablo. El mismo día que el grupo parlamentario del PSE presentaba una propuesta para que la Cámara reconozca la labor de los escoltas, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, concentraba todos los servicios que quedan en la empresa Ombuds. Esta firma debería asumir esos servicios con los escoltas que tienen específicamente asignados y en las condiciones que figuraban en sus contratos anteriores pero, según testimonios conocidos por este diario, ya ha empezado a exigir a algunos de ellos que renuncien a esas condiciones o que vayan a denunciarlos ante los juzgados.

En esta situación, y ante un colectivo que está soliviantado por los ERE en los que se les está despidiendo con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, la iniciativa del PSE ha sido entendida por una parte de los escoltas más cómo un intento de callarles la boca que como un verdadero reconocimiento.

Entre los escoltas es común la acusación de que el Departamento de Interior que dirige Rodolfo Ares está permitiendo que las empresas los despidan en condiciones que consideran «humillantes», después de que estas firmas hayan obtenido grandes beneficios durante muchos años. También es cierto que otros miembros de la seguridad privada reconocen que durante este tiempo los propios escoltas han tenido sueldos muy generosos.

Certificado y reciclaje

El portavoz del grupo del PSE, José Antonio Pastor, y el parlamentario Mikel Unzalu registraron ayer una proposición no de ley para que la Cámara autonómica «reconozca y agradezca la importante labor desarrollada por los profesionales de la seguridad privada durante todos estos años en la protección de las personas amenazadas por ETA».

La rueda de prensa en la que dieron a conocer la iniciativa fue empleada, además, para volver a insistir en un relato de la historia de este país en el que sólo hay un culpable de la violencia.

En su proposición, el PSE «insta a los gobiernos vasco y español a que cada uno de los y las profesionales que lo soliciten obtengan un documento acreditativo de la labor desarrollada».

También solicita a ambos ejecutivos que «dentro de sus competencias, elaboren y ejecuten en plan específico para el reciclaje profesional y la reinserción laboral de aquellas personas que así lo soliciten y se vean afectadas por la reducción de dispositivos de seguridad de personas en la CAV».

Todo para Ombuds

Según ha trascendido, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, firmó el jueves la orden por la que resuelve los contratos para servicios de protección de personas que tenía concertados con las empresas Casesa, Eulen, Coviar, Seguriberica, LPM, Umano y Garda. Los pocos servicios que quedan en activo pasan de inmediato a Ombuds.

En los últimos meses se ha producido un drástico recorte de escoltas privados contratados por el Gobierno de Lakua. Estos servicios estaban adjudicados por lotes (tipo de protegido y provincia) a diferentes firmas. Las nuevas condiciones parecen haber dejado de ser comercialmente interesantes para la mayoría de las empresas, que han optado por dejar sus lotes con el consentimiento del Gobierno autonómico.

Los servicios que continúan en activo de esas empresas pasan ahora a depender de Ombuds, que legalmente tiene la obligación de subrogar a los escoltas que tenían asignadas esas labores de protección, siempre que cumplan determinadas condiciones.

Sin embargo, según ha conocido este diario, algunos de los escoltas que han acudido ya a Ombuds para continuar con su trabajo se han encontrado con la sorpresa de que se les pretendía obligar a firmar un documento en el que renunciaban a sus anteriores condiciones laborales y aceptaban unas nuevas menos favorables. Ante la negativa a firmar, han sido invitados a marcharse y denunciar la situación ante los tribunales.

El sector se encuentra sumamente dividido, puesto que hasta la fecha estaba muy atomizado entre las diversas empresas y las bajas se han ido produciendo de manera sucesiva. En las últimas semanas han aumentado los ERE y, con ellos, los rifirrafes entre escoltas, empresarios y representantes de los distintos comités.

Las condiciones de despido han sido diferentes, pero se da por hecho que la mayoría de las rescisiones de contrato se resolverán con veinte días de indemnización por año trabajado. Incluso se asume que Ombuds presentará pronto un ERE.