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Arranca en Catalunya una ILP contra los desahucios y por la dación en pago

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto a otros promotores, ha puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la que recogerán firmas a partir de hoy, con la intención de llevar al Congreso de los Diputados español una propuesta a favor de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social.

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Beñat ZALDUA |

350.000 ejecuciones hipotecarias y más de 160.000 desahucios en cuatro años son más que suficientes para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago. Así lo han estimado, al menos, los promotores de la iniciativa que, a partir de hoy tendrán nueve meses para recoger un mínimo de 500.000 firmas, con el objetivo de obligar a que el Congreso debata la reforma de la Ley.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalanya (CAVC), el Observatorio de Derechos Sociales y Culturales (DESC), la Taula d'Entitats del Tercer Sector, CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya, promotores todos ellos de la ILP, presentaron la iniciativa la pasada semana, acompañados por decenas de afectados, que fueron los primeros en plasmar su firma a favor de un cambio legislativo para solucionar un problema que, según los últimos cálculos, podría afectar a unas 500.000 familias en los próximos años.

La solución propuesta, según se recoge en el texto de la ILP, tiene tres ejes: la regulación de la dación en pago, que se debería activar de forma retroactiva, obligando a los bancos a cancelar la deuda con la entrega de las llaves de la vivienda; la paralización de los desahucios, en forma de una moratoria que prohíba desahuciar a familias con un único hogar; y el alquiler social, que permita a las familias permanecer en el mismo piso en un régimen de alquiler social que no supere el 30% del ingreso de los habitantes.

Pero el desarrollo de esta ILP no ha sido, ni será, sencilla, ya que la Mesa del Congreso ha retardado durante meses la aprobación de la iniciativa, lo que ha impedido a los promotores empezar la recogida de firmas. No es el único problema que presenta una ILP, un mecanismo de participación ciudadana «muy deficiente», en palabras de una de las fundadoras de la PAH, Ada Colau. De hecho, una vez recogidas las 500.000 firmas, la mesa del Congreso tiene la potestad de vetar el debate; si lo aprobase, los diputados podrían dilatar dicho debate seis meses más y en el caso en el que la ILP se abordase en el Parlamento, los diputados solo tienen el deber de debatirla, sin obligación de tomar ninguna decisión.

En ese sentido Colau -que responsabilizó del problema tanto a las entidades financieras como a los dos partidos mayoritarios en el Estado- insistió en que lo importante no es el fin, sino el proceso. «Si no hacemos ruido, archivarán la ILP y ya está; es necesario que haya tantas firmas que políticamente resulte inviable rechazarla», declaró.

En cuanto al proceso de recogida de firmas, los promotores explicaron que toda la información se encuentra en el portal www.quenotehipotequenlavida.org, donde también se pueden adherir todas las entidades que así lo deseen.

En su intervención, la fundadora de la PAH también insistió en que cada vez más sectores están a favor de medidas como la dación en pago, como lo demuestra el hecho de que entre los promotores de la iniciativa se encuentren los dos sindicatos mayoritarios en el Estado. Como prueba del debate cada vez más extendido, Colau señaló los movimientos del ministro de Economía, Luis de Guindos, y su reciente decreto sobre el tema, consistente en un laxo Código de buena conducta que los bancos pueden asumir voluntariamente. «Son una tomadura de pelo, pero demuestran que la movilización social les obliga a moverse», concluyó Colau.

En representación de los afectados, Matías pidió que «la sociedad se mire en el espejo, antes de terminar con una cita que resume de forma franca y directa la problemática: «Yo hipotequé mi piso, no mi vida».

DERECHOS HUMANOS

Más allá de casos concretos tremendamente injustos, los promotores han querido contextualizar el problema de los desahucios en el marco de una vulneración básica de los derechos humanos, a los que el Estado está ligado, en principio, «por compromisos internacionales y constitucionales», tal y como declaró la representante del DESC, Vanesa Valiño.

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